Pronunciamiento de la APDH Azul - A 37 años del golpe
Azul, 24 de marzo de 2013
Un día como hoy hace 37 años, Argentina amanecía con nuevo gobierno, como tituló en su tapa Clarín, diario que así llamaba a los golpistas que instauraron la dictadura más despiadada del siglo XX. Pero no era un gobierno más, sino el inicio del genocidio que se tragó 30.000 vidas y se apropió de casi 500 niños nacidos en mazmorras y sitios de tormento de la dictadura, hijos de madres que luego de dar a luz eran asesinadas a sangre fría o tiradas vivas al mar en los vuelos de la muerte. Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron recuperar la identidad de un centenar de hijos robados, entre ellos Sebastián Casado en el 2006, hijo de azuleños y sigue la búsqueda de los demás, entre ellos cuatro bebés de parejas de Azul.
El 24 de marzo de 1976 la junta militar encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz, directivo de la Sociedad Rural Argentina y las trasnacionales financieras, y el militar Jorge Rafael Videla, con la bendición de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina derrocaron al gobierno elegido por el pueblo y tiñeron de sangre al país, sumiendo al pueblo trabajador en el terror, el miedo y el silencio.
Para terminar con el ascenso revolucionario del pueblo organizado que luchaba por su liberación y la revolución social, montaron un aparato de exterminio y abrieron cientos de campos de concentración como los nazis en Europa, donde las torturas más atroces fueron cometidas y los crímenes más repugnantes tuvieron lugar.
Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final reclamadas incansablemente por los organismos de derechos humanos en el gobierno de Néstor Kirchner, se empezó a juzgar a los genocidas, lentamente. Celebramos esos juicios, que repararán en parte el dolor de los familiares de las víctimas y de toda la sociedad y son parte del Nunca Más juramentado por la sociedad toda.
Sin embargo, por la falta de mecanismos de justicia más eficaces que el poder político de turno no quiso o no pudo aplicar, a 37 años del golpe prosiguen los juicios por delitos de lesa humanidad, con testigos y represores que se van muriendo de viejos y se mueren impunes, como el ministro de Economía de la dictadura, reo de la justicia, despedido con toda pompa desde las páginas del diario La Nación, amanuense de los asesinos seriales de turno.
En nuestra ciudad, el juzgado federal no avanzó en la investigación de crímenes y secuestros y torturas sufridos por un centenar de pobladores del Partido de Azul, en su mayoría jóvenes y trabajadores. La causa hace años que está parada, si bien se creó recientemente una estructura judicial en Azul para enjuiciar a los represores.
A 37 años del golpe reclamamos que se desarticule el llamado Proyecto X de espionaje de organizaciones sociales y políticas, llevado adelante por fuerzas de seguridad, y repudiamos la ley antiterrorista votada a pedido de organismos internacionales, que deberá ser vetada, sin dudas.
La APDH-Azul comparte el reclamo de los organismos de derechos humanos para que se abran todos los archivos de la dictadura y de la Iglesia Católica y el Vaticano, que aportarán luz para saber qué pasó con los hijos apropiados de los compañeros.
También reclamamos el fin del monocultivo de la soja transgénica de Monsanto, el fin de la expulsión de los campesinos de sus territorios ancestrales y el cese del envenenamiento de pobladores y suelos por la fumigación con glifosato y otros tóxicos. Y denunciamos el silencio de responsables de organismos oficiales ante los asesinatos y avasallamientos que sufren los pueblos originarios como el qom, a manos de pistoleros contratados por empresarios que pretenden desalojarlos de sus tierras, con el aval de gobiernos provinciales y la complicidad criminal de jueces venales y policías provinciales.
Pedimos la restitución de tierras a los pueblos originarios, sus verdaderos dueños, también el cese de la megaminería contaminante y la anulación de esos contratos. Y que se lleve a juicio a los funcionarios y empresas que con malos manejos y corrupción son responsables desde el Estado de tragedias predecibles en rutas y vías férreas, donde murieron y mueren muchos argentinos.
Otra gran deuda que tiene el gobierno democrático con su pueblo es la deuda externa, que seguimos pagando, una sangría que nos imponen desde organismos internacionales de crédito. Reclamamos el no pago de la misma y la investigación en el Congreso de su conformación, porque esa deuda es ilegítima e impagable y la contrajeron civiles y militares durante el Terrorismo de Estado.
A 37 años del golpe de 1976, compartimos y alentamos la idea de democratizar la justicia, hacerla realmente justa, porque todavía padecemos un poder judicial plagado de magistrados que provienen de la dictadura militar y muchos otros nuevos con la misma ideología, jueces ajenos al sentir de la clase trabajadora que el pueblo no eligió, como el magistrado que ordenó reabrir la papelera azuleña y al mismo tiempo ha demorado hasta el límite de la paciencia las decisiones para que su resolución se haga realidad.
Aún hoy los jueces en Argentina siguen siendo elegidos por procedimientos cuasi-secretos ajenos a las poblaciones y el desafío de la hora es desmontar la Gran Familia Judicial Argentina y devolverle la justicia al pueblo y los trabajadores. Es una tarea impostergable, porque sin justicia no hay memoria, ni verdad, ni democracia, ni vida en paz.
Saludamos el debate abierto desde la presidencia en torno a la justicia argentina, una justicia de clase, de raíz burguesa, a todas luces kafkiana, que llena las cárceles de detenidos, la mayoría jóvenes de escasos recursos, que sin juicio ni sentencia firme son encarcelados mayoritariamente acusados de los llamados delitos contra la propiedad, arruinando sus vidas y sembrando tristeza en los hogares.
La pena de cárcel está en crisis, todos nos damos cuenta, no hay que ser muy perspicaz para concluir que encerrar a una persona en un calabozo inmundo, muchas veces sin agua siquiera, no repara el perjuicio causado a las víctimas y sí alimenta los engranajes de servicios penitenciarios corruptos y perversos, donde la tortura y los castigos son una metodología cotidiana que pareciera ser compartida por los responsables electos de turno.
Por eso exigimos la inmediata libertad de Fernando Gabriel Colombini, joven obrero de Saladillo, preso injusta e inconstitucionalmente hace 40 días por cultivar sus derechos y cuya causa recaerá esta semana en el Juzgado Federal de Azul. No pedimos, no peticionamos, sino que exigimos su liberación, porque nunca tendría que haber sido privado de su libertad. Y concurriremos a los organismos pertinentes para pedir el juicio político y destitución para el juez platense Fernando Mateos y el fiscal Alberto Espartaco Sarramone, responsables de esta escandalosa causa judicial trucha, armada con el concurso de la Policía Bonaerense de Saladillo.
En Azul este lunes se señalizará el ex CCD Estación de Ferrocarril Provincial, una iniciativa de esta asamblea de varios años, promesa no cumplida de pasadas gestiones que finalmente se concretará. Saludamos esta acción que se lleva adelante con el concurso de la gestión municipal.
Seguimos pidiendo juicio y castigo a todos los culpables del genocidio, algunos que hoy pasean impunemente por nuestras calles y hasta siguen ocupando puestos con poder de decisión, como si nada hubiera ocurrido.
Esta democracia real que vivimos es el camino elegido por el pueblo que va construyendo su revolución, sus transformaciones, como puede, con aciertos, con errores, superando contradicciones, y ese camino sólo puede rendir frutos con el empoderamiento de su gente, de su clase trabajadora, de las mujeres, con la organización popular y territorial que crece, para que todo sea de todos, en una sociedad igualitaria y profundamente democrática.
No podemos dejar de recordar a Julio López, testigo secuestrado y desaparecido en democracia por resabios de la dictadura que anidan en las policías y fuerzas llamadas de seguridad. Pedimos cárcel común para los represores que participaron del genocidio, incluyendo a los civiles y ecleasiásticos católicos que bendijeron las armas y ampararon los asesinatos.
Terminamos este documento recordando, nombrando, a nuestros compañeros azuleños caídos en el Terrorismo de Estado, en su lucha por una patria libre, justa y soberana.
24 de marzo de 2013
APDH-Azul