La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifiesta a la opinión pública nacional, y a las autoridades Judiciales y Políticas del Chubut en particular, su honda preocupación por el caso de espionaje a periodistas, docentes, ambientalistas y dirigentes campesinos del noroeste del Chubut, hecho que fuera denunciado por la Defensoría Oficial durante la sustanciación de una causa penal a integrantes de la Comunidad Mapuche que intenta recuperar sus tierras ancestrales en el Paraje Vuelta del Río en tierras ocupadas por la Compañía Tierras del Sur.
Asimismo, la APDH. expresa su solidaridad con los ciudadanos chubutenses víctimas de listados y acusaciones falsas de terrorismo y violencia fraguadas a partir de actividades encubiertas de espionaje y a contrapelo de toda legalidad por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones con base en Trelew. La actuación del Fiscal General de Esquel y otros dos Fiscales al utilizar en juicio pruebas recogidas fuera de todo marco legal por el espía imputado, es particularmente grave como vulneración de los Derechos Humanos y desde el punto de vista de la ética profesional, materia a considerar con todos los recaudos del caso por la colegiatura de abogados de Esquel como por el Consejo de la Magistratura y las máximas autoridades judiciales de Chubut.
Se trata de un delito que por su gravedad exigió en días recientes la intervención del Juez Federal de Esquel Dr. Guido Otranto y el procesamiento de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia con base en Trelew, acompañando la actuación del Fiscal General de Chubut que separó preventivamente de sus cargos a los tres fiscales y la del Consejo de la Magistratura, que posteriormente los enjuició .
El accionar de agentes encubiertos que se infiltran en movimientos sociales y llevan adelante acciones de inteligencia específicamente prohibidas socaban la vida en democracia, ponen en evidencia una vez más el intento de sectores enquistados en el Estado de criminalizar la protesta social aplicando la ley antiterrorista, y nos retrotrae a tiempos y climas de dictadura que nos negamos a admitir. Estos hechos prueban una vez más la existencia de bases de datos y actividades de inteligencia sobre la ciudadanía en territorio chubutense. Parecieran reiterar el mismo tipo de procedimientos delictivos de los oscuros agentes de la Base Almirante Zar que fueran juzgados y condenados tiempo atrás por la justicia, e instan a las organizaciones del pueblo a mantener y manifestar una vez más la voz de alerta en defensa de los Derechos civiles , políticos, ambientales, económicos, sociales y culturales, que ciertos sectores de poder pretenden conculcar.
Buenos Aires, 18 de abril de 2016