Editores: Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS
Luego de 10 años que la Cámara de diputados de Argentina aprobara la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (25-3-1998) , que el Senado las anulara (25-8-2003) y que la Corte Suprema las declarara inconstitucionales (14-6-2005) se reiniciaron en muchos tribunales federales del país los Juicios contra los represores,interrumpidos en 1985 y 1986 , cuando el poder político las instaló, temeroso de las amenazas implícitas en los levantamientos militares. También desde entonces se inician permanentemente nuevos juicios, muchos de ellos a partir de las denuncias producidas por los fiscales y por los querellantes en las causas. En septiembre de 2008, el fiscal federal Jorge Auat informó que desde el año 2003 se reactivaron unas 600 causas, lo que da un total a nivel nacional de más de 1000 causas abiertas.
Para esa fecha había 435 procesados de los cuales 352 estaban detenidos. Pero lo más significativo era que los “prófugos”- o sea los no presentados a la citación judicial, que para entonces eran alrededor de 55 - duplicaban a los ya condenados (sólo 22). Hoy esta brecha ha disminuído, pero sigue habiendo más prófugos (59) que condenados (41), tal como informó a mediados de abril de este año, en momentos de escribir esta ponencia, el Procurador General de la Nación Esteban Righi. En dicho informe se precisa que los procesados llegan hoy a 556 en los 16 distritos más poblados del país. No obstante, una de las mayores preocupaciones de aquellos sectores sociales vinculados a los Organismos de DDHH tanto como la de algunos sectores del poder judicial y algunos funcionarios del poder gubernativo es la lentitud con que se desarrollan estos procesos.
¿A qué se hace referencia con lentitud?
Izaguirre Confrontacion politica y violencia simbolica en el ambito de los juicios.pdf
