La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se dirige al Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis a fin de solicitarle con la mayor urgencia la solución del caso de Nelson Madafs, una persona cuyos derechos humanos han sido largamente violentados por el Estado en su provincia desde el año 1989, cuando fuera acusado de un crimen que no había cometido, ya que la supuesta víctima – Claudia Díaz- la joven mujer que se supuso asesinada por Madafs, a quien había conocido dos días antes, había huído de su casa y de la provincia y reapareció 8 años después, con 5 hijos.
Recien entonces se constató la inocencia de Nelson Madafs, pero el daño terrible contra su vida estaba hecho : desde la tortura en sede policial para obligarlo a “confesar” el crimen, el contagio del VIH en la misma comisaría mediante una inyección, hasta la insensibilidad manifiesta del Juez Néstor Ochoa, que no quiso escuchar los reclamos de la verdadera víctima; las torturas padecidas en 8 años de prisión, y la discriminación y desvalimiento ocasionados a su familia durante ese lapso.
Pese a haber sido esclarecido el caso, y conocerse la identidad de los responsables, no hay ninguno sancionado. Y después de 20 años, si bien el Superior Tribunal hizo lugar a la demanda por “daños y perjuicios”, el fallo no se cumple por los procedimientos dilatorios interpuestos por el Poder Ejecutivo. “No hay fondos” ha sido la respuesta inaceptable del Fiscal de Estado en una audición periodística. Tampoco parece tener fondos el Poder Judicial. El Hospital no lo atiende porque la Guardia lo derivó a una sala de primeros auxilios- Juana Koslay- ignorando que Madafs tiene su Historia Clínica en el Hospital y que sus actuales padecimientos físicos pueden parecer menores pero son graves por su condición de enfermo de VIH. Esto lo ha certificado un médico particular, contratado por unos amigos, para que lo atendieran como corresponde. Para colmo de males hace pocos meses a Madafs se le dejó de pagar una pensión graciable concedida por el Estado Nacional porque no había realizado un trámite que nadie le avisó que debía realizar. Es por eso Sr. Gobernador que esta APDH le insta a cumplir con la decisión del Superior Tribunal de su provincia.
De otro modo, habrá llegado el momento de llevar este increíble caso de violación de los Derechos Humanos y privación de justicia a la instancia internacional. En Buenos Aires, a 6 días de agosto de 2010.
Miguel Monserrat
Hna. Martha Pelloni
Obispo Aldo Etchegoyen
Co-presidentes
Dr. Ernesto Moreau
Lic. Inés Izaguirre
Dr. Horacio Ravenna
Lic. Elina Aguiar
Susana Pérez Gallart
Dr. Rubén Efron
Co-vicepresidentes
Bella E. de Friszman
Secretaria Coordinadora
Al Sr. Gobernador de la Pcia. de San Luis Dr. Alberto Rodríguez Saá
A la Dirección de DH de la Pcia. de San Luis