A través de su representante en el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, Alicia Herbón, la APDH le entregó al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, una nota sobre las preocupaciones por el avance de políticas que ponen en cuestión la vigencia de los Derechos Humanos en Argentina.
Señor
Secretario General
Naciones Unidas
D. Ban Ki-Moon
De nuestra consideración:
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organismo con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, desea acercarle algunas preocupaciones sobre el avance de políticas que ponen en cuestión la vigencia de los derechos humanos en Argentina:
El endeudamiento externo creciente que hace temer por una repetición de experiencias del pasado reciente cuando con el colapso del estado se vieron vulnerados derechos humanos básicos que definen una vida digna: trabajo, vivienda, educación, salud, soberanía y autodeterminación.
Los despidos masivos en la esfera pública por responsabilidad directa del estado y en la esfera privada como resultado de la dirección de la política económica.
El desmantelamiento o reducciones presupuestarias en áreas del Estado que afectan el proceso de justicia en cuestiones relativas a delitos de lesa humanidad: despidos en el Programa Verdad y Justicia y en el Centro Ulloa que proporcionaban protección y acompañamiento a testigos y querellantes; y desmantelamiento de áreas de derechos humanos en distintos ministerios que permitían la sistematización de información y el aporte de prueba documental para las investigaciones judiciales y avanzaban en la generación de pruebas sobre la participación de sectores civiles en la preparación del golpe de estado de 1976 y en delitos de lesa humanidad. En el mismo sentido, resulta preocupante la demora en la implementación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades.
Los límites al acceso a la cobertura previsional que no contempla que un tercio de la fuerza de trabajo cumple tareas en trabajos informales o precarios.
El aumento de las tarifas de los servicios públicos y transporte con un criterio mercantil que contradice la definición de servicio público.
La prolongación de la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala cuando no hay razones que justifiquen su detención durante el proceso.
La tendencia hacia una autonomización de las fuerzas armadas que prescinde de la dolorosa experiencia de la historia argentina.
La virtual paralización en el área de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado, obligación asumida como política de estado.
Consolidar y avanzar en el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos obliga necesariamente al Estado a la sanción de leyes, a su reglamentación y cumplimiento, y a la creación de las instituciones y áreas, la infraestructura adecuada, el entrenamiento del personal y la dotación de recursos presupuestarios adecuados y con continuidad en el tiempo necesarios para garantizar y hacer efectivos esos derechos. De otro modo sólo queda en simple retórica o expresión de deseos.
En tal sentido es necesario dotar al Estado con los máximos recursos que la riqueza generada socialmente permita mediante una reforma tributaria que incremente los impuestos a las grandes ganancias y patrimonios, al consumo suntuario y a la renta financiera y elimine progresivamente los impuestos indirectos que gravan el consumo popular. Del mismo modo, la reformulación de la ley de entidades financieras y bancarias para que respondan, como servicio público, a las necesidades de toda la sociedad.
El goce de una vivienda digna para todos exige garantizar la disponibilidad de suelo urbano en cantidad y calidad adecuados. Para ello es imprescindible la regulación territorial por parte del Estado del mercado de tierras urbanas y terminar con la especulación inmobiliaria que desplaza la existencia de tierra disponible a las zonas más alejadas de los centros urbanos y de las fuentes de trabajo, en terrenos muchas veces contaminados e inundables, sin provisión de servicios públicos ni transporte.
La protección de los niños, niñas y adolescentes obliga al estado al cumplimiento y plena vigencia de la ley 26.061, que estableció la creación del Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos. Después de 10 años de la sanción de la ley, el sistema no tiene vigencia por falta de asignación de recursos, y por la demora en la puesta en funcionamiento de una pieza fundamental como la figura del Defensor del Niño.
La educación y la salud, son derechos sociales y no mercancías. Las instituciones estatales son las que deben garantizarlos disponiendo para ese fin infraestructura y equipamiento de calidad y personal necesario en cantidad y formación. El logro del derecho a una salud de calidad e inclusiva exige el efectivo cumplimiento y/o reglamentación del plexo de leyes de derechos en salud: Producción Pública de Medicamentos, Agencia Nacional de Medicamentos, Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones y la sanción de una Ley Nacional de Salud.
Sin otro particular, saludamos a usted cordialmente.
Por Mesa Directiva
Gisela Cardozo - Presidenta
Ernesto Moreau - Presidente
Norma Ríos - Presidenta
09/08/2016
