La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su preocupación y rechazo ante el pedido de los fiscales en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Brunet y Martín Lapadú de penas de prisión efectiva de entre 20 y 50 días contra los estudiantes Juan Oribe, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesica Calcagno, ex presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y Patricio del Corro, Secretario General de este último Centro por haber participado de varios cortes de calles de la ciudad entre septiembre y diciembre de 2009, penas solicitadas en una causa penal. Dicha causa se ha sustanciado por la participación estudiantil en manifestaciones callejeras en adhesión solidaria a la lucha de los trabajadores de la empresa Kraft –Terrabusi, que buscaban recuperar los puestos de trabajo de 160 despedidos, objetivo que en gran parte se logró a raíz de sus movilizaciones. Una vez más nuestro organismo señala la creciente y antidemocrática criminalización de la protesta social en nuestro país, que en este caso, como señalan los estudiantes incriminados, fueron fotografiados en un trabajo de inteligencia persecutorio e ilegal de los participantes en cada corte a lo largo de los meses señalados, fotos agregadas a la causa penal, donde se incluyen además datos personales, estudiantiles y de filiación política, a lo largo de 600 fojas, de todo lo cual se enteraron en el mes de marzo de 2010 a raíz de una comunicación llegada a las Facultades. Solicitamos por ello al tribunal competente que cese en estas medidas de penalización disciplinaria propias de una dictadura.
Mesa Directiva de la APDH
Buenos Aires, 16 días de junio de 2010