La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) expresa su profunda preocupación ante la decisión del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de volver a entablar negociaciones y solicitar financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La historia reciente a nivel mundial, en general, y de Argentina, en particular, demuestra que nada bueno puede provenir del FMI. El condicionamiento en la política macroeconómica nacional, la obligación de reducir prestaciones sociales, jubilaciones, la flexibilización laboral, la privatización de empresas públicas y el recorte en áreas de desarrollo social son las exigencias de este organismo a la hora de otorgar empréstitos.
Argentina nuevamente vuelve a ceder su soberanía en pos del aumento de los niveles de ganancia del capital concentrado nacional e internacional, el que se genera a costa de imponer nuevos y brutales recortes en el presupuesto estatal.
La continua devaluación del peso sucedida en estos días, la pérdida de poder adquisitivo del salario de los y las trabajadoras, el aumento sostenido de los precios, los tarifazos, el crecimiento exponencial de la deuda externa, los recortes en el gasto público y la fuga de capitales producto del fomento de la especulación financiera están provocando en Argentina una profunda recesión económica. Todas estas políticas deliberadas por un pequeño pero poderoso sector del establishment nacional se establecen en detrimento del bienestar de las grandes mayorías, afectando el goce de los derechos humanos de la población, en particular los derechos económicos, sociales y culturales.
El inminente ajuste fiscal que implementará el gobierno de la alianza cambiemos, amparándose en el argumento del “crecimiento económico futuro”, repercutirá de manera negativa en los derechos a la salud, el trabajo, la educación, la alimentación, la vivienda y la seguridad social, provocando mayores niveles de desigualdad social.
Desde APDH exigimos poner fin a los fuertísimos niveles de sobreendeudamiento, el ajuste fiscal y el aumento de la pobreza. El Estado argentino debe cumplir con los principios rectores de Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, para garantizar los derechos económicos sociales y culturales de la población.
