La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su preocupación por la alarmante situación de la justicia en la provincia de Tucumán como consecuencia del envío al Parlamento de un proyecto de ley que priva al Colegio de Abogados de la administración de la matrícula de dicha profesión y propone una nueva normativa que afectaría gravemente sus recursos económicos y por tanto su capacidad de acción. Ello, se da en el contexto de una reforma de la constitución provincial que afecta gravemente la independencia del Poder Judicial, particularmente, en lo que concierne a la elección y destitución de los magistrados a través de dos instituciones que ostentan un claro predominio de la representación política, el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, cuyas asignaciones de funciones en la orbita del Ejecutivo y el Legislativo son contrarias a la Ley Nº 7469 que declaró la necesidad de la reforma constitucional.
Esta crisis tiene una dimensión no solo nacional sino también internacional por cuanto constituye una flagrante violación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado la Argentina y les ha conferido rango constitucional. Esto daña no solo la imagen de la provincia sino que también compromete la del país como miembro de las Naciones Unidas.
Numerosos sectores de la sociedad civil provincial, nacional e internacional como asociaciones profesionales y organizaciones de derechos humanos, han hecho pública su profunda preocupación por el desarrollo de estos acontecimientos y han solicitado una pronta resolución de esta controversia que sea favorable al respeto de la independencia de poderes, al estado de derecho y al derecho internacional.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos suma su consternación y hace propio este reclamo cuya respuesta y solución por el Gobierno Provincial de Alperovich deben ser impostergables.
Mesa Directiva de la APDH
Buenos Aires, agosto de 2006