Isabel es una mujer de 79 años, indígena, vive en tierra ancestral cercana al lago Nahuel Huapi, zona de Laguna Larga “El Martillo” desde hace varios años. En plena cuarentena unos hombres ejerciendo violencia se instalaron cerca de su casa amenazándola con expulsarla por la fuerza, esgrimiendo un supuesto título de propiedad privada en tierra conocida como fiscal y reclamada por la comunidad de pueblos originarios.
Con la solidaridad activa de la Regional Esquel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presidida por Claudia Ermili y la abogada Sonia Ivanoff se presentó una medida cautelar en el Juzgado de Familia nro. 1 de la localidad. Rechazada en 1er instancia por una malentendida cuestión de competencia, la causa remitió en apelación ante la Cámara de apelaciones de Esquel. En dicho momento, la Secretaria de Género de la APDH con la firma su presidenta, María Elena Naddeo, presentó un escrito de apoyo a Isabel Cuatriman en el marco de la Legislación de prevención de la violencia de género y los derechos de las comunidades indígenas.
En un fallo ejemplar la misma jueza de 1ra. Instancia del Juzgado de Familia de Esquel Dra. Mariela González aprueba la medida cautelar solicitada, prohibiendo el acercamiento de los ofensores y autores de las amenazas de desalojo. Autocritica su primer rechazo por una cuestión de competencia y profundiza el tema señalando las múltiples desventajas en la que vive Isabel Cuatriman, como mujer indígena, y funda su fallo en las observaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 34 y 35) que exigen a los Estados la adopción de medidas positivas de apoyo y respaldo gubernamental para resguardar los derechos de las mujeres de las zonas rurales.
Una acción articulada del organismo de derechos humanos ante el Poder Judicial y el respaldo del marco jurídico internacional obtuvieron como resultado este importante logro. Vale este ejemplo de lucha de Isabel Cuatriman y de la APDH como estrategia para enfrentar los mecanismos de concentración de la riqueza y la propiedad de las tierras, y pone un freno al proceso de despojo que históricamente han sufrido y sufren las comunidades indígenas.