¿Es que nos estamos convirtiendo en espectadores impávidos de un proceso donde el tejido social se desintegra? O peor aún, ¿es que ya estamos tan acostumbrados a ver las guerras por la TV, perdiendo por tanto la capacidad de reacción?
Los hechos ocurridos el 3 de diciembre en Córdoba, no son explosiones sociales espontáneas. Seguramente el comienzo de los hechos proviene de algún montaje sectorial articulado de manera muy consciente, que actúan como detonantes, para que luego algunos espectadores “lúmpenes” sociales se sumen “como para no perder la oportunidad”.
Considerar esto como un movimiento espontáneo del pueblo sería banalizar las verdaderas revueltas que precisamente Córdoba bien conoce, como la Reforma Universitaria, el Cordobazo y Viborazo, destinados a derribar autócratas dictadores.
Que un movimiento donde seguramente de manera justa se reivindica una mejora en merecidos salarios, se convierta en una verdadera “guerra campal” de pobres contra pobres o semipobres, no es nada más que la manifestación práctica de esa desintegración social que parece hacernos retornar al caos del estado de la naturaleza que hablan los filósofos. Y además, generada por la institución del estado que posee el poder de “tiro” por estar armada para proteger a los ciudadanos. Si el estado pierde el monopolio de las fuerzas públicas esta acabado. El discurso del gobierno es casi una réplica del triste “felices pascuas”.
Las fuerzas policiales, más allá de sus justas reivindicaciones, cometen un grave delito contra la democracia y la convivencia social, produciendo un estado de abandono que inevitablemente convierte a la ciudad en “territorio liberado”, desprotegiendo así a la mayoría de los ciudadanos. Entendemos que corresponde dar un sí a la atención de los justos reclamos salariales, pero con castigos y sanciones a los responsables de este abandono. El perdón significa impunidad para reincidir.
Existen antecedentes. Resulta demasiado triste recordar que precisamente la Policía de Córdoba es la única que históricamente peca por haber sido la que dio un golpe de estado para destituir a las autoridades constitucionales en 1974.
Al gobierno de la Provincia, un repudio por tanta imprevisión de un hecho social casi cantado y además su ineptitud para revertirlo de manera urgente, favoreciendo el estado de “territorio liberado” por casi 24 horas, dejando así a la ciudad y sus ciudadanos a merced de cualquiera que pretenda dañarlos. Y peor aún luego, queriendo deslindar culpas hacia afuera.
A las autoridades nacionales porque a pesar de ser en este caso la seguridad responsabilidad de la jurisdicción provincial, frente a una situación de extrema gravedad, tiene la obligación ético/social de ofrecer ayuda, más allá de que por intereses mezquinos no les sean requeridos, en lugar de que “los cordobeses se cocinen en su propia salsa” como lo fue antaño.
Todo esto deja una peligrosa situación de falsos enfrentamientos, donde el ciudadano común que solo ve las consecuencias y no las causas, adopte casi naturalmente una posición racista transfiriendo la culpa a los “negros delincuentes”. O bien otorgándoles a los simulados dirigentes de barrios (esos sí delincuentes) mayor poder de organización.
Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, la APDH repudia con toda su energía, a los responsables que generan las causas para que estos hechos ocurran, dejando muertos, heridos, trabajadores y comercios despojados de sus medios de vida y subsistencia.
Delegación Río Tercero de la APDH
23 de diciembre de 2013