Asistimos azorados a la promoción por parte de un sector del oficialismo de la provincia de Mendoza de un proyecto que supone cancelar la libertad de expresión.
Se trata de un proyecto de ley que difunden el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi y la presidenta del Bloque de Diputados de la UCR, Cecilia Rodríguez, que, según dicen, modifica el Código Contravencional imponiendo arresto, trabajos forzados y multas a quienes, según ellos, difundan “fake news”, noticias falsas.
La pretensión no puede ser más ilegal y disparatada.
Fuera de toda competencia, los legisladores provinciales cercenan de modo flagrante, en los hechos, la libertad de expresión.
Los antecedentes de los proponentes son los peores. En materia de libertades, el gobierno de Mendoza y el partido gobernante, en los años recientes, han vulnerado de modo sistemático, permanente y partidista, los derechos consagrados en la Constitución.
El ex gobernador Alfredo Cornejo, en un listado no exhaustivo, procesó dirigentes sindicales que le disgustaron, despidió trabajadores de la educación, como nuestro compañero Ricardo Ermili, espiando sus redes sociales y condenando sus opiniones políticas, hostigó centenas de trabajadores públicos por sus opiniones con un claro sesgo persecutorio, tal el caso de la docente Carolina Gutiérrez. La manipulación de la justicia fue una constante en el gobierno del macrismo mendocino, comenzando por un procurador adicto, nombramiento de más de un cuarto de los jueces provinciales, jueces de la Corte y, como eso no alcanzaba, declaraciones agraviantes y operaciones contra miembros del Poder Judicial por parte de Cornejo.
La violencia institucional ha alcanzado en Mendoza, con Cornejo y su continuador Suárez, niveles que no veíamos desde la dictadura. Basta recordar la represión con que Suárez respondió a la revuelta popular contra su proyecto de entregar el agua de Mendoza a las empresas que extraen oro usando cianuro.
El proyecto de los legisladores de la UCR no solo viola la letra y el espíritu de la Constitución, en sus art. 14, 32 y otros, sino que es indisimulablemente partidista, persecutorio y engañoso.
Utiliza como excusa el coronavirus. La vinculación de la restricción a las libertades, con pretensión de permanencia, con la pandemia, es un hallazgo publicitario de los legisladores pero no tienen ninguna relación entre sí. Es un engaño.
La dirección es clara: pretende meterse con los ciudadanos de a pie, espiarnos las redes sociales e instaurar un estado, aún más, policíaco.
Adicionalmente perseguir a los periodistas que no repitan el guion del gobierno.
El 28 de marzo tuvimos un ejemplo de lo mucho que falta la libertad en Mendoza. El hijo del gobernador de Mendoza utilizó un helicóptero, parte del patrimonio público, violando la cuarentena. La noticia salió en medios nacionales. También en portales provinciales, pero a las dos horas había desaparecido, todos sospechamos, por la brutal presión del gobierno a los medios.
En la línea de las cosas que resultan insólitas, y que en realidad son hipocresía y mentira, hay que señalar una que se lleva los galardones. El gobierno del macrismo mendocino llegó a la conducción del Estado de la mano del mismo proyecto a nivel nacional, en 2015, contratando a Cambridge Analytica, empresa que tuvo que cerrar luego de los escándalos mundiales por su sofisticado método de fabricar noticias falsas. Esa agrupación política, Cambiemos en sus distintos nombres, trabaja con miles de cuentas falsas en Twitter y otras redes, difundiendo falacias y calumnias sistemáticas. Es ésa la fuerza política que dice tener un proyecto contra las fake news.
Por supuesto que no. Tiene otro proyecto más para seguir restringiendo las libertades constitucionales en la provincia de Mendoza.
Llamamos a todas las instituciones y personas de bien de la provincia a no permitir este atropello.
APDH Regional Provincia de Mendoza
7 de abril de 2020