La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lamenta la actitud institucional de la iglesia católica y del obispo castrense Santiago Olivera puesta en evidencia en la entrega de rosarios a genocidas, sin ninguna referencia a la gravedad de los cargos que pesan sobre ellos y la ausencia de pedido de información sobre el paradero de las y los desaparecidos.
Es sabido que la iglesia en su misión pastoral busca la redención de las almas, valora el arrepentimiento y procura el perdón.
No menos cierto es que, para quienes somos luchadores, luchadoras y militantes de Derechos Humanos y seguimos buscando justicia para nuestros 30.000 compañeros y compañeras, actitudes como la de bendecir rosarios y enviárselos a quienes han sometido con terror y muerte a tantos y tantas argentinas, es un afrenta injuriosa para muchos de nosotros y nosotras.
Así mismo, las declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera que reivindican el terrorismo de Estado y pretende comparar los juicios por delitos de lesa humanidad con los actualmente en curso con presos y presas políticas son un agravio a la memoria de las personas aún desaparecidas y un intento de presentar el terrorismo de Estado como una de las caras de la falsa teoría de los dos demonios.
La injusta prisión de Milagro Sala, y la de presas y presos políticos, no puede ser para nada comparada con la justicia aplicada a quienes fueron parte del genocidio, quienes -como parte del aparato represivo- torturaron, mataron y hasta secuestraron niños y niñas. No hay situación judicial alguna que pueda ser asimilada a la planteada por los delitos aberrantes de lesa humanidad.
Respecto de las prisiones preventivas y su manejo arbitrario y discrecional es algo que deberá cambiar en la administración de justicia argentina y una lucha que habrá que seguir. No existe igualdad ante la ley mientras genocidas gocen del principio de inocencia y luchadores y luchadoras sufran encierro y persecución.
Como hace más de cuatro décadas, desde la APDH seguiremos luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Son 30.000.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
14 de enero de 2020