El 30 de mayo Sebastián Romero, obrero de la General Motors de Rosario y militante del PSTU, fue detenido en la República Oriental del Uruguay. Sebastián es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas.
El entonces gobierno de Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la figura de Sebastián intentaron demonizar la legítima movilización popular contra el ajuste. Solo por movilizarse para defender a los jubilados, Sebastián hace 29 meses que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia del PSTU. Por lo mismo, su compañero Daniel Ruiz estuvo 13 meses injustamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz.
Hoy Sebastián es un preso político, lo cual es inadmisible en una sociedad que se pretende democrática.
Exigimos al Gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, el envío de forma inmediata de Sebastián a su país y aquí debe ser inmediatamente liberado por la justicia argentina como muestra de que el país recupera parámetros democráticos imprescindibles para dejar atrás el Macrismo y su destrucción social planificada.