Buenos Aires, 10 de Julio de 2006
Sr. Philip Alston, Relator sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Sr. Manfred Novak, Relator sobre Tortura,
Por la presente queremos hacer llegar al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Philip Alston, y al Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Manfred Novak, nuestra alarma y pedido de intervención frente a los recientes hechos ocurridos en la cárcel de Mendoza en la que se encontraron muertos a tres reclusos.
El 17 de junio de 2006, el preso Sebastián Alejandro Hormazabal fue encontrado muerto en el Pabellón 9, celda 16, como consecuencia de heridas múltiples causadas por un instrumento corta-punzante. Un día después se encontraron los cadáveres de otros dos presos en un patio del Pabellón 16 de máxima seguridad. Los reclusos, Diego Ferranti Lucero y Gerardo Gómez González, quienes habían sido trasladados horas antes desde la cárcel de Córdoba, presentaban rastros de haber sidos apuñalados y degollados. Su traslado se debía a que el martes próximo iban a declarar ante el juez que instruye la causa por un motín ocurrido en Mendoza en el año 2000.
Estos asesinatos se dan en un contexto reiterado de violencia y denuncias de violaciones a los derechos humanos en las penitenciarías de la provincia de Mendoza. En enero de 2000, un grupo de abogados presentó un pedido de hábeas corpus por la totalidad de los presos del sistema carcelario mendocino por el trato inhumano y degradante al que eran sometidos. La presentación, desoída en repetidas ocasiones por el Gobierno Mendocino, derivó en denuncias con curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano, la cual dispuso medidas cautelares contra el Estado Argentino y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas medidas provisionales contra el Estado Argentino lo instaron a “adoptar las disposiciones necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en la Penitenciaría de Mendoza y en la unidad Gustavo André de Lavalle, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éstas”. En diciembre de 2004, la Comisión Interamericana realizó una visita a Mendoza para comprobar el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, y en su posterior informe declaró que las medidas tomadas hasta el momento por el Gobierno “no son idóneas ni suficientes” a la vez que expresaron su preocupación por las “condiciones infrahumanas de vida (que) vulneran los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina en materia de Derechos Humanos”. Asimismo, los presos continúan cosiéndose los labios como señal de protesta por los malos tratos, las condiciones insalubres, la falta de atención médica, la insuficiencia de actividades de rehabilitación y el encierro continuo en las celdas. Pese a estas intervenciones, los derechos humanos de los reclusos de las penitenciarías de la provincia continúan siendo severamente vulnerados.
En este marco, y dada la negativa del Gobierno a dar respuesta a los sucesivos requerimientos de mejora de las condiciones de los presos, consideramos urgente que los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas insten al Estado Argentino y al Gobierno de Mendoza a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los reclusos, llevar adelante una investigación expedita e imparcial a fin de identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, en especial las heridas y muertes en el interior del penal, imponerles las sanciones correspondientes, y dar fin a la impunidad que perpetua la violencia en el sistema penitenciario provincial.
Con la seguridad de nuestra más alta estima,
Aldo Etchegoyen
Presidente
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)