Mirta Rosa Guerrero, conocida entre sus pares como “Shakira” e integrante de la organización Barrial Tupac Amaru, quién siempre estuvo a derecho y no tiene antecedentes ni condenas anteriores, está presa preventivamente desde julio de 2016 imputada por hechos que en modo alguno han sido probados.
Desde su encierro en el Penal Nº 3 del Alto Comedero en San Salvador de Jujuy viene sufriendo un permanente hostigamiento por parte del Servicio Penitenciario provincial a lo que se suma la insensibilidad de un Poder Judicial que ha hecho oídos sordos a su situación, ignorando sistemáticamente los planteos recursivos y las denuncias de sus defensores.
Mirta Rosa Guerrero debió ser intervenida en tres oportunidades por la misma dolencia, una hernia abdominal, en menos de siete meses. Su salud ha empeorado día tras día, a punto tal que podría ser sometida a una nueva operación como consecuencia de la desatención y el abandono en el que se encuentra en su lugar de encierro.
La desidia de las autoridades del Penal y las del Poder Judicial en este caso, responde al modelo represivo sin precedentes en Democracia que encarnan el gobernador Gerardo Morales en la Provincia y el presidente Mauricio Macri en la Nación, que supieron construir a su enemigo en ese territorio norteño y contra el cual han dirigido todo su arsenal.
Como sucediera con todos los presos y presas de la Tupac, aquí se violentó el principio de inocencia y el debido proceso legal, pero al igual que a Milagro Sala, a Guerrero se la somete sistemáticamente a tratos crueles y degradantes. Se ignoraron las reiteradas y coincidentes recomendaciones clínicas y psiquiátricas de la sanidad pública y privada, que minuciosamente describen el cuadro como muy grave y señalan el riesgo de vida que corre en prisión Mirta Rosa Guerrero.
Tres fueron los intentos de suicidio en menos de ocho meses producto de una depresión severa a causa de la dura realidad que atraviesa. Aunque sus abogados recurrieron una y otra vez a los tribunales en pos de salvaguardar la integridad de su defendida, no lograron torcer su obsesión punitiva.
En Jujuy no hay ni jueces ni Justicia independiente, el poder político controla todos los resortes del Estado provincial. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), advertida de la gravedad extrema del caso, recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando el dictado de una medida cautelar urgente tendiente a evitar los efectos irreversibles que el mantenimiento de las actuales condiciones de prisión están generando en Mirta Rosa Guerrero.
Este 16 de julio, la APDH representada por Eduardo Tavani, miembro de su Mesa Directiva, se presentó ante la CIDH, acompañando pruebas irrefutables de sus dichos y le solicitó al Organismo regional avocarse a este caso, con la finalidad de que Guerrero pueda, o bien cursar el proceso que se le sigue en libertad o bien gozar del régimen de la prisión domiciliaria, en salvaguarda de su vida, hoy en serio peligro.
