La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) advierte con gran preocupación la alarmante cifra de femicidios, travesticidios y transfemicidios registrada en nuestro país. Según datos oficiales del Primer Informe de Estadísticas Oficial de Femicidios y Femicidios Vinculados realizados por el Ministerio de Seguridad de la Nación con la integración de la Defensoría del Pueblo, en 2018 hubo 281 mujeres asesinadas, sólo 55 de ellas habían denunciado violencia previa.
En el transcurso de 2019, solamente durante el mes de enero, se han registrado 22 femicidios y 10 travesticidios debido a la falta de políticas públicas desde el Estado Nacional. Desde el gobierno se intenta invisibilizar esta dramática situación que genera un asesinato cada 26 o 28 horas en nuestro país mientras se aplica un recorte presupuestario para el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) de un 38% que se ve impactado en la inacción en la materia. Nos encontramos frente a operaciones mediáticas gubernamentales que pretenden mostrar anuncios e imágenes de alto impacto pero que en la realidad se traducen en el recorte y debilidad de las políticas públicas concretas.
De acuerdo con el informe realizado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la ONG Casa del Encuentro, se da cuenta de que, en más del 60 por ciento de los casos, el victimario fue una pareja o una expareja, mientras que en una gran cantidad de casos no se registra al agresor debido a que no hubo personas detenidas. Se advierte en el informe que las víctimas han sido atacadas en sus casas, situación que demuestra la carencia de espacios seguros que tienen las mujeres.
Las diferentes situaciones de violencia que las mujeres viven en todas las modalidades y ámbitos profundizan y refuerzan las desigualdades entre varones, mujeres y personas de la diversidad. Este es uno de los datos que permite determinar la baja densidad de nuestra democracia.
Una preocupación permanente y en aumento es el incumplimiento observado de la Ley Educación Sexual Integral que más allá de las distintas posiciones políticas, creencias religiosas o identidades culturales, la sociedad argentina ha reconocido mediante el debate de dicha ley, la trascendencia de educar a la sociedad sobre la temática a fin de evitar embarazos tempranos adolescentes y no deseados y el pleno derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Se evidencia claramente una permanente fragilidad de las políticas públicas por parte del Estado a través de las instituciones competentes.
Desde la APDH reclamamos la necesidad urgente de marchar hacia la despenalización del aborto, entendido como un problema de salud pública que debe tratarse en el marco del acceso universal e igualitario a la salud en tanto derecho humano y que debe ser garantizado por el Estado nacional. Reclamamos el aborto seguro y gratuito como parte de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esta concepción ubica a la libertad reproductiva en el contexto de las políticas públicas de prevención, cuidado, salud, responsabilidad social y compromiso democrático. Hacer que la práctica del aborto deje de ejercerse en forma clandestina evitará seguir reproduciendo la desigualdad según el nivel socio-económico de la mujer en estado de gestación que produce enfermedades y la muerte y que en su gran mayoría resultan ser mujeres de bajos recursos; es por ello que entendemos que la penalización del aborto profundiza las desigualdades sociales y a su vez niega las consecuencias socio-sanitarias existentes.
Las desigualdades estructurales y de subordinación de las mujeres, colectivos feminizados y géneros no binarios responden a una lógica construida por el patriarcado que impide un efectivo ejercicio de derechos y que se perpetúa a través de frágiles políticas públicas.
El Plan Federal surgido de la Ley 26485 tiene muy escasa difusión y exiguos niveles de concreción. En general y en políticas sociales, el Estado manifiesta discontinuidad en sus políticas y el vaciamiento presupuestario desvinculándose de su rol de garante de derechos.
En contrapartida se visualizan políticas de dependencia internacional que responden a las exigencias que impone el Fondo Monetario Internacional y los sectores financieros que dejan en estado de desamparo a mujeres y diversidades.
Desde la APDH denunciamos esta situación y exhortamos al Gobierno nacional y a autoridades provinciales a hacer efectivos los compromisos asumidos con la sanción de la legislación vigente y la aceptación de los tratados internacionales de derechos humanos a fin de garantizar la construcción de sociedades seguras para con las mujeres y el colectivo de la diversidad.
*Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
07 de marzo de 2019