Todos estos años transcurridos el pueblo de Río Tercero y sus Instituciones reclamaron insistentemente por Verdad y Justicia, y recién después de un largo itinerario de trabas y demoras en el proceso judicial, para que los principales responsables amparados por amiguismos y complicidades, no llegaran a sentarse en el banquillo de los acusados, se pudo lograr las cuotas de Justicia que demostraron que las explosiones fueron intencionales, íntimamente relacionadas con el único interés de ocultar un faltante de armas producido a través del contrabando al exterior por sectores militares y civiles del Estado Argentino.
Si bien es cierto que hubo Juicio Oral y Público, que una parte de los principales responsables están detenidos, aún no podemos decir que la Justicia haya completado su camino, porque una larga cadena de impunidades dejó afuera a algunas principales cabezas del Estado de entonces, entre ellos el ex presidente Carlos Saúl Menem.
Si bien nada podrá devolver a nuestros muertos, siempre estuvimos convencidos que sólo la Verdad y la Justicia son los únicos remedios para la conciencia de una sociedad ultrajada, que pueda reconstruir armonía y paz social; razón por la cual preservando la Memoria de los hechos y sus consecuencias, no podemos dejar de señalar las realidades, que aún hoy – a pesar de lentos avances- descubren las falencias institucionales del sistema en sus tres poderes, los cuales deberían ser los pilares esenciales donde se sustenta la vida de un país que se precie de ser justo, libre, soberano y verdaderamente democrático.
Hoy a 22 años de aquella tragedia intencional producida desde el propio Estado Nacional para sus habitantes, quienes son justamente a los que debería cuidar y proteger, evocamos con recuerdo doloroso a nuestros hermanos y hermanas muertos, solicitando que se concluyan satisfactoriamente con los resarcimientos merecidos a las personas vulneradas y una “reparación histórica” necesaria a la ciudad de los y las riotercerenses.
A la vez exigimos la no claudicación de la Justicia ante la impunidad, solicitando el pronto requerimiento por parte de la Justicia al desafuero del ex presidente Carlos Menen en el Senado de la Nación, quien fuera el principal referente institucional, considerado responsable directo, condenado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno, y hoy resguardado indignamente tras los fueros que le otorga la banca legislativa.
Sólo haciendo Justicia, la democracia, por la que tanto luchamos y tantas personas dieron sus vidas en la historia de nuestro país, podrá ser creíble y lograr las reivindicaciones que otorga el Estado de Derecho, única posibilidad de futuro cierto y dignidad tan esperada para el pueblo argentino.
