La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó un riguroso informe sobre la situación social en el territorio argentino, particularmente sobre la emergencia social de niños, niñas y adultos mayores. El relevamiento se realizó sobre la realidad de las barriadas populares a partir de la acentuación del ajuste, los despidos y la caída en la pobreza y la indigencia de miles de personas.
El mencionado informe fue elaborado por las regionales de APDH de Rosario, Formosa, Mendoza y Villa María, y presentado a la relatora especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Hilal Elver, durante su visita al país. Del trabajo participaron, la licenciada Ana Zanini, doctora en derechos Humanos de la UNLA y miembro de la Comisión de Adultos Mayores de APDH; María Elena Naddeo, presidenta de APDH Argentina; María Freier de la Secretaría de Internacionales. Fue un gran trabajo colectivo coordinado por María Teresa Piñero, también de Secretaría Internacionales.
Con respecto a la situación en Rosario y Gran Rosario (con relevamientos en localidades como Pérez, Funes, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez), se llegó a la conclusión estas zonas portuarias, industriales, fabriles con fuerte inmigración interna y externa, “son ciudades empobrecidas resultante de decisiones políticas. Sufren un grave déficit en el acceso a la alimentación las poblaciones de trabajadores y demás sectores sociales empobrecidos, debido a políticas aplicadas por el actual gobierno a partir del 10/12/2015. En Rosario se registra un incremento de personas en situación de calle. Se observa en toda la región estos últimos años un aumento de asentamientos irregulares, casas precarias, ranchitos, porque no pueden enfrentar el alquiler mínimo en las barriadas populares. En Villa Gobernador Gálvez existen 26 centros de asentamientos irregulares. Estas soluciones habitaciones precarias no tienen acceso a movilidad, agua potable, condiciones habitacionales mínimas. Ha aumentado el cartoneo, como también la búsqueda de comida de la basura y el deambular casa por casa pidiendo algo para comer, algo que sobre. Los comedores escolares informan un aumento de niños y familias que se acercan a buscar alimentación”, afirma el informe que fue elaborado por Mario López, presidente de APDH Rosario.
Entre las denuncias presentadas también figuran los procesos de desmonte y despojo de las comunidades de los pueblos originarios y la peligrosidad de los agrotóxicos. Se hizo, además, una especial referencia a la emergencia alimentaria y social de esta coyuntura, el conflicto docente en el Municipio de Moreno y el reciente secuestro y las torturas sufridas por una docente por organizar ollas populares para sus alumnos y alumnas. Por último, por iniciativa de APDH y acompañada por miembros de la asamblea, la relatora visitó isla Maciel.
Durante la reunión con la relatora, en la que se le hizo entrega del informe, por APDH participaron María Elena Naddeo, una de sus presidentas nacionales, María Teresa Piñero, Ángela Cardella, Eliana Carreira y Cecilia González.
Con respecto a su visita en el país, y cómo conclusión a todo el material que se le entregó y las visitas a áreas marginales que realizó, Hilal Elver afirmó en declaraciones a la prensa: “Defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica en el país es una obligación legal del Gobierno y una cuestión de derechos humanos. El Gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre la accesibilidad a los alimentos por los más pobres en la sociedad argentina”.