La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, profundamente preocupada por la situación que atraviesa nuestra Patria, estará presente este 9 de julio, Día de la Independencia Nacional, junto con otros organismos hermanos y fuerzas sociales en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires para poner de manifiesto nuestro repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Rechazamos que se ceda nuestra soberanía al FMI y se dejen a su arbitrio decisiones de política económica y social de la Argentina.
Con desazón observamos que la Carta de Intención firmada con el FMI nos impone políticas recesivas como la de una fuerte disminución del gasto público y un importante ajuste fiscal que tendrán como consecuencias la caída de la producción, el aumento del desempleo y la alta depreciación del salario. Nos preocupa la profunda crisis económica en que se ha sumido a nuestro país debido al sobreendeudamiento, el desfinanciamiento del Estado, la especulación financiera y la fuga de capitales.
La sociedad argentina conoce las consecuencias de esas medidas económicas aplicadas en el pasado reciente y sabe que estas políticas reducen derechos básicos, se establecen en detrimento del bienestar de las grandes mayorías y afectan el goce de los derechos humanos de la población.
Consideramos de fundamental importancia que se preserve el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES, a fin de no descapitalizar el sistema previsional y preservar esta herramienta de política económica. Sin embargo, vemos con alarma que el FMI tiene la intención de que se liquiden esos activos.
La APDH hace un llamamiento a que se preserve el trabajo y la producción nacional y se dé prioridad a la educación y la salud de todos los argentinos y las argentinas.
Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos estipulan que “todos los Estados, tanto si actúan individual como colectivamente (así como cuando lo hacen por conducto de organizaciones internacionales y regionales de las que son miembros), tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Los Estados deben asegurarse de que ninguna de sus actividades relacionadas con las decisiones acerca de la concesión y solicitud de préstamos, las de las instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas a las que pertenezcan [...] irá en detrimento de esas obligaciones.”
El Estado argentino tiene el deber de cumplir con esos principios rectores a fin de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de nuestra Patria.