No a la UniCABA: la APDH solicitó a la Legislatura de la CABA que respete el derecho de la comunidad educativa

Mediante una nota dirigida a cada legislador y legisladora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su preocupación y rechazo a la inminente aprobación del proyecto de ley de “formación docente y creación de la Unicaba”.

 

En el escrito enviado se menciona que la APDH se ocupa de defender los derechos sociales, económicos y culturales, derivados del plexo jurídico internacional, con rango constitucional, entre los que se encuentra el derecho a la educación. El derecho a la educación obliga a los Estados a garantizar la accesibilidad y disponibilidad de ofertas y programas educativos a lo largo del territorio. Por lo tanto, restringir la disponibilidad existente constituiría una regresividad al derecho vigente.

 

La APDH reconoce la existencia de órganos democráticos de gobierno de las instituciones de nivel superior que legítimamente representan a sus comunidades. Docentes, estudiantes, especialistas y autoridades provenientes de diversas trayectorias institucionales, académicas y sociales coinciden en su oposición a la creación de la UniCABA y han expresado ampliamente sus fundamentos pedagógicos, institucionales y de política educativa.

 

Reiteramos la especial preocupación por el último (y tercer) proyecto presentado hace cuatro semanas y la posterior suspensión de las habituales reuniones de Comisión de Educación de la Legislatura donde se debería haber debatido y profundizado su fundamentación, proyecto que según medios de comunicación se aprobaría el próximo 22 de noviembre.

 

Por estos motivos, la APDH hace suyo el unánime pedido de la comunidad educativa por el retiro del proyecto mencionado.

 

Instamos a todo el Poder Legislativo a actuar conforme al artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que encomienda asegurar la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones vinculadas al ámbito educativo. Una política pública no puede definirse menoscabando los derechos de quienes la implementan en su trabajo cotidiano.
 
La carta finaliza solicitando a cada legislador una actuación coincidente con los principios democráticos reconocidos constitucionalmente.