El gobierno -con la anuencia de ambas cámaras- somete a nuestro país a la extorsión de una gran deuda externa para pagar a los grandes fondos especulativos

El gobierno de Macri ha logrado- con la mayoría de ambas cámaras del Congreso Nacional– que el 31 de marzo queden derogadas las leyes  denominadas de “cerrojo”  y de “pago soberano”, cuya función había sido desde su promulgación durante el gobierno anterior, la de bloquear cualquier alteración de las condiciones pactadas con los acreedores externos para viabilizar los canjes de la deuda  externa en los años 2005 y 2010, que fueron aceptadas por el 93 % de los casos.

También allanaron el camino para emerger de la gran crisis institucional de diciembre de 2001, provocada por la inédita cesación de pagos y el empobrecimiento social a que nos llevaron las políticas neoliberales de la década del 90, iniciadas por la última dictadura cívico militar de 1976-1983. Luego de los gobiernos de los años 2003 a 2014, en que se había logrado un saldo positivo - no exento de contradicciones -en  lo que respecta al desendeudamiento externo, al crecimiento económico y a la unidad latinoamericana,  la actual coyuntura nacional retorna a una política exterior subordinada  a los “planes de dominación de espectro completo”, que tratan de imponer  el imperialismo norteamericano y  sus socios europeos , que incluye el achicamiento del Estado y  la vigencia de la supuesta “mano libre” del mercado.

Por ello nos preocupa la intencionalidad gubernativa de favorecer a los grandes  fondos  especulativos financieros – conocidos popularmente como “fondos buitres” y  llamados holdouts  por su prensa adicta  -avalados además por los dictámenes del  juez municipal de Nueva York Thomas Griesa,  cuya jurisdicción había sido aceptada por Argentina desde hace varios años-  para lo cual han vuelto a endeudar al país entre 15 mil y 18 mil millones de dólares.  A este sombrío panorama se agrega la previsible reacción del  93% de los acreedores  que ya habían aceptado las condiciones del canje anterior,  facilitado ahora por la derogación de las leyes indicadas arriba.

Ante la deliberada claudicación de ciertos integrantes de las instituciones de la república, sólo resta la movilización popular para alentar el triunfo de la causa judicial ya iniciada, en la que se pide el juicio político a los responsables de esta grave situación, cuya víctima principal será el pueblo argentino. Desde ya que merecen nuestra más firme condena moral y, no nos cabe duda, el juicio inapelable de la historia. 

 
7 de Abril de 2016