El rol del educador no puede permitirse treguas en esa relación político-pedagógica, porque no hay otra forma de cambiar la realidad dominante por otra humanizante.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos considera tras-cendente en estos momentos históricos que vive el país, precisar su posición frente al enfrentamiento generado por el gobierno Nacional y algunas provincias, ante los reclamos de paritarias nacionales y por una Educación Pública impulsada por los/las docentes.
En ese contexto y como entidad promotora por la vigencia de los dere-chos humanos, no podemos obviar nuestra responsabilidad de fijar nuestra posición en defensa de los derechos de los/las trabajado-res/as.
Ha sido y lo sigue siendo una característica del gobierno nacional y sus socios, que frente a los reclamos legítimos de los/as trabajado-res/as y en este caso particular de los/as docentes, negar sistemáti-camente con cinismo y desprecio el rol significativo del educador.
En estas circunstancias el Estado, que debería proteger al docente, lo humilla y lo coloca ante sus educandos y la sociedad como responsa-ble de un sistema perverso al que no le interesa en absoluto trabajar por una educación igualitaria.
Sin embargo como rasgo dominante de esta gestión y sus aliados, pretenden transferir sus responsabilidades a los maestros, frente a los conflictos sociales, haciéndolos blanco de sus críticas e intentando que la sociedad tome actitudes de reproche y discriminación, tan sólo porque asumen la defensa de sus derechos y los de la sociedad.
No son decisiones aisladas, hay un plan sistemático para deslegitimar la docencia y desprestigiar la educación pública, tramando una estra-tegia que quiere poner la política partidaria por arriba del justo reclamo y de las necesidades que tiene el sistema educativo.
Es el caso concreto de los trabajadores/as de la educación los respon-sabilizan del no inició del ciclo lectivo y astutamente se reservan el no poner frente a la sociedad las razones efectivas del conflicto, manipu-lando situaciones emergentes que distorsionan y niegan la situación real.
Para los gremios docentes, la Paritaria Nacional es una instancia de negociación que debe ser respetada si se cree en los procesos de diá-logo, en las herramientas de negociación colectiva y en la necesidad de cumplir con la ley. Porqué su importancia?. Porque fija en todo el país el “cargo testigo” y un fondo compensador que asiste a las pro-vincias que tienen dificultades para salario mínimo nacional.
Esta conquista fue un logro importante de CTERA que culminó en la sanción la Ley de Financiamiento Educativo N. 26075, que garantiza la inversión en forma progresiva en Educación, Ciencia y Tecnología.
Ahí está la raíz del conflicto, lo que se discute no es únicamente el sa-lario. Está en juego la Educación Pública, de calidad y para todos. El gobierno nacional pretende reducir los recursos para moldear y avan-zar en una escuela y una educación que esté en la misma línea de su política liberal, es decir, una sociedad de ricos y de pobres, sin otra alternativa posible.
Pero además el gobierno pretende una escuela y una educación que en lugar de formar ciudadanos con pensamiento crítico que aporten a la transformación social y a la lucha por la Memoria y la injusticia, mo-delar un ciudadano pasivo, resignado a aceptar imposiciones y sin es-peranzas.
Desde nuestra identidad y de nuestra historia, asumimos con firmeza estar y compartir con aquellos que no renuncian a luchar, para modifi-car sustancialmente una política de sometimiento a la libertad, a la opresión y a los derechos constitucionales e internacionales negados arbitrariamente por este gobierno nacional.
Los derechos de los y las docentes son parte del derecho a la educa-ción de la población y no están enfrentados a él, como se pretende transmitir al descalificar el derecho a huelga. La garantía de las condi-ciones dignas de enseñanza es parte de la garantía del derecho de aprender.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 6 de marzo de 2017