*Escribe Juan Sebastián Borghi
Ni abogados, ni testigos…
A partir del primero de abril de éste año comenzó a regir el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que vino a reemplazar al inaceptable Código de Faltas que tanto hemos reprochado. En alguna oportunidad le comenté a Lucas Crisafulli, (quien además de ser un gran amigo, es un jurista notable, especializado en Derecho contravencional, Criminología y Sistemas de seguridad democrática), le decía, que el Código de Faltas era comparable al procedimiento que regía en China hace setecientos años… y no se lo decía en broma. En la biblioteca de un familiar había encontrado una antiquísima colección de teatro de más de cien tomos y entregándome al azar (pues los lomos eran ilegibles) di con la obra de teatro chino antiguo “El círculo de tiza“, de Li Hsing Tao, escrita en la dinastía Yuan. En la historia la protagonista era acusada (falsamente) de un grave delito y se narra el calvario que debe sufrir hasta que el juez, obrando con más intuición que pruebas, llega a la verdad sobre su inocencia. La obra me permitió conocer algunos aspectos muy bien detallados del procedimiento judicial chino de aquellos tiempos, el cual era ciertamente atroz, por lo cruel y arbitrario. En su momento ésta obra tuvo un objetivo político: justificar el procedimiento punitivo excesivamente feroz y discrecional empleado por la autoridad imperial, tratando de mostrarlo como eficiente y óptimo para llegar a la verdad e impartir justicia. Como pasa cada vez que uno cierra un libro, derramé lo leído sobre la realidad que me rodeaba, noté con sorpresa cierta similitud entre el, entonces vigente, Código de Faltas y aquel sistema relatado en la obra, es más, en algunos puntos el sistema chino de la dinastía Yuan era superior y ofrecía más garantías. ¿Le parece que exagero? Seguramente no pensaría lo mismo si le digo que nuestro Código de Faltas permitía no sólo encarcelar a las personas, sino también condenarlas, sin abogado defensor, sin testigos y sin juez. Si aún no sale del aturdimiento vuelva a leer la oración anterior, porque cada palabra es cierta. Así de obscena era esa ley que tuvo vigencia hasta hace unos meses, repugnante a los más elementales derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados por la misma. Aún recuerdo la cara de estupor de mis colegas de todo el país miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuando les recitaba el art. 15: “La asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa del proceso…”
Todo preso es político.
Pero ¿por qué nuestra conducta cotidiana estaba regida por un procedimiento jurídico comparable al utilizado bajo la figura de un emperador hace más de siete siglos?, ¿es que los muchachos que la redactaron no conocían la Constitución Nacional? No, y el motivo tampoco fue que nadie lo advirtiera; organizaciones sociales y de Derechos Humanos, juristas, académicos y algunos sectores políticos reclamaron durante años la derogación de esa oprobiosa ley, sin que el gobierno provincial ni los legisladores de los partidos dominantes atendieran petición. ¿Por qué el Estado provincial sostenía esa ley a todas luces inconstitucional? La respuesta es control social. Lúcidamente señala Raúl E. Zaffaroni que la legislación contravencional “… desde el punto de vista político llega a ser más importante que el código penal (…) es funcional al poder de vigilancia minimizar las garantías en la infracciones menores, de modo que tenga más garantías el parricida o el terrorista que el contraventor…” lo cual “… oculta en el fondo, la facilitación del ejercicio del poder punitivo arbitrario sobre los sectores más amplios de la población…”, es decir que al poder político no le hace mella otorgar garantías a los delincuentes sometidos a proceso penal, pues son un número insignificante de la sociedad (no se acerca ni al 1%), pero se reserva la arbitrariedad y la discrecionalidad con el resto de la población, al punto que en 2012 casi el 40% de los jóvenes de Córdoba habían sido detenidos al menos una vez por el Código de Faltas[1], porcentaje que escalaba al 67% si provenían de sectores empobrecidos.
El blanco es el negro.
Ahora bien ¿por qué el gobierno cordobés tenía interés en someter masivamente a los jóvenes al maltrato y la detención? La respuesta no es “combatir la inseguridad” como sostuvieron en su discurso, sino exactamente lo contrario, generar inseguridad. El Código de Faltas permitió a la fuerza policial caer sobre un sector bien determinado de la población, jóvenes de sectores populares y periféricos. Cuando a un joven que ya tiene que lidiar con una serie de dificultades y limitaciones propias del sector del que proviene, que recién es titular de plena capacidad civil, que se está insertando al mundo adulto, al del trabajo, al de las responsabilidades, se lo recibe con maltratos, ilegalidades, injusticias, avallasamiento y cárcel, cuando a ese joven que está conformando su identidad se lo rotula como delincuente y se le generan antecedentes contravencionales que le impedirán obtener un buen empleo, a ese joven se lo está empujando a la delincuencia. Ahora ¿por qué querría la policía generar inseguridad?, pues porque eso la hace crecer. Michel Foucault explicaba esto de manera muy sencilla: “cuántos más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuánto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuánto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial”, es decir que la inseguridad es un factor necesario de aceptación del control policial. Esto explica por qué en los medios de comunicación se concede tanto espacio a la criminalidad pero nunca se trata el tema seriamente, nunca se analizan las tasas de delitos, ni se realizan comparativas con otros países, ni se indaga en las causas, solamente se muestran hechos particulares cada día, se muestra a víctimas sufriendo, porque la verdadera intención es generar sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, generar la necesidad psicológica de un Estado policial. No es casual que las detenciones en el marco del Código de faltas eran realizadas con un gran despliegue de efectivos, móviles y luces, lo que producía un gran impacto visual a los transeúntes.
Un colectivo lleno de jóvenes.
Pero lo interesante fue que la resistencia a esa política fue muy importante, tanto de organizaciones de DDHH, como barriales, políticas, también de juristas y académicos; entre las más influyentes hay que destacar al Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos que organizó la multitudinaria “marcha de la gorra” que creció año tras año. En un punto la presión fue lo suficientemente fuerte para que se lograra la derogación de ese aberrante Código de Faltas. Es necesario también mencionar que la APDH hizo su aporte, atendiendo casos de detenciones arbitrarias, difundiendo el tema en medios de comunicación y escuelas secundarias, asimismo nos reunimos con la por entonces Ministra de Justicia de la provincia y la Secretaria de DDHH, junto con representantes de otras delegaciones de Córdoba y autoridades de APDH nacional, y realizamos sendas denuncias al gobierno cordobés ante la O.N.U. Hoy, ya dimos vuelta una página, nos rige el flamante Código de Convivencia Ciudadana, que constituye un avance importantísimo, aunque persistan algunas falencias, “los dolores que quedan son las libertades que faltan” dijeron los reformistas hace casi cien años. Como sujetos sociales tenemos la responsabilidad de pensar en los cientos de miles de jóvenes cordobeses que en estos últimos años fueron objeto de detenciones arbitrarias, de maltratos, de exposición y estigmatización públicas, cabe preguntarnos qué huella ha dejado eso en nuestra sociedad y qué consecuencias deberemos afrontar por ello. “Es preciso que la sociedad examine ciertos hechos, ya que ella los provoca” decía Víctor Hugo en Los Miserables.
El círculo de tiza.
En la obra de Li Hsing Tao, una de las cuestiones a resolver era que dos mujeres afirmaban ser madres de un niño que era heredero de un hombre con fortuna, para resolverlo el juez hizo trazar un círculo en el piso con una tiza, ordenó que pusieran al niño en el centro y dijo que la mujer que consiguiera sacarlo sería sin duda alguna la verdadera madre. Ambas mujeres se abalanzaron hacia el niño y asiéndolo por sus brazos comenzaron a tirar cada una para su lado. También nosotros nos disputamos a los jóvenes cordobeses, de un lado tiramos quienes los queremos sanos, libres, críticos, independientes, quienes esperamos que se formen en los valores de solidaridad, tolerancia, justicia y libertad, quienes queremos que al crecer se transformen en el factor de cambio de nuestra sociedad; del otro lado tiran quienes los quieren sometidos, serviles, divididos e individualistas, quienes esperan que al crecer cumplan el rol que les corresponde según su clase y que sean protectores del status quo que asienta la desigualdad. Hoy, mientras en Córdoba celebramos éste avance en materia de Derecho contravencional y tratamos de avanzar hacia una seguridad democrática, en Corrientes se acuartela la policía; en Buenos Aires y en Rosario se despliega la gendarmería en los barrios dónde los denuncian por casos de torturas a menores de edad; por eso hoy los jóvenes siguen estando en disputa y como sociedad debemos reflexionar qué presente queremos ofrecerles, porque como en la obra de teatro, ellos son los herederos, de nuestro legado.
* Abogado, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
[1] Según un relevamiento elaborado por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, el 78,56% de los jóvenes entre 18 y 25 años encuestados asegura que alguna vez la policía lo detuvo en la vía pública para pedirle el Documento Nacional de Identidad y un 38,90% fue detenido por alguna de las figuras del Código. Publicación disponible en: http://es.scribd.com/doc/113366386/...
Leer más: http://www.3rionoticias.com/analisis/
18/11/2016