Al cumplirse dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa una vez más:la desaparición de Santiago Maldonado debe ser considerada un caso de desaparición forzada cuya responsabilidad recae sobre el Estado argentino y tiene a la Gendarmería Nacional como su brazo ejecutor. Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se requiere, además de la privación de la libertad, la negación por parte del Estado a reconocer dicha acción o no informar sobre el paradero de una persona. Por ello repudiamos la actitud negacionista que ha mantenido el gobierno nacional desde el 1 de agosto hasta la fecha.
La desaparición forzada de Santiago es el corolario de una situación de vulneración y no respeto por parte del Estado de los derechos de los pueblos indígenas, la no implementación de la ley 26.160 denominada “ley de tierras” y por ahora su deficiente prórroga, conflicto que cuya génesis radica en un modelo económico y social que requiere de la destrucción del Estado de Derecho para su implementación.
Como prueba de ello hemos visto como se acrecienta la violencia institucional en todo el territorio nacional, persiguiendo a las comunidades de pueblos indígenas de todo el país, con los recientes operativos de razzias policiales, con la prisión ilegal de Milagro Sala, la persecución a los migrantes, constituyen algunos hechos que amenazan seriamente la vigencia del Estado de Derecho en Argentina.
Denunciamos la criminalización de la protesta social, la grave persecución a las comunidades de pueblos originarios, a los defensores de derechos humanos y la ausencia de una voluntad política respetuosa de los derechos humanos.
¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!
¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!
¡IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 26.160!
