Rechazamos la resolución tomada por la CONARE que revocó el estatus de refugiado político al Señor Galvarino Apablaza Guerra

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestro profundo rechazo a la resolución tomada por la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que revocó la condición de Refugiado Político al señor Galvarino Sergio Apablaza Guerra otorgada en el año 2010.

Al respecto cabe recordar que el señor Apablaza Guerra está siendo sometido a una injusta e infundada persecución política por parte del gobierno de la República de Chile, que afecta a su respecto el derecho al debido proceso y defensa en juicio, garantizado por el art. 18 de nuestra Constitución Nacional.

Cabe tener presente que la ley 26.165 (Ley General sobre Reconocimiento y Protección al Refugiado) en su art. 13 establece que "una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse conocido hubieran conllevado la denegación del reconocimiento de la condición de refugiado".

En consecuencia, la resolución tomada por la CONARE es violatoria de la ley argentina - ya que revoca arbitrariamente la firmeza de la condición de refugiado regulada por el artículo citado - y de los estándares internaciones de la ACNUR sobre protección a refugiados políticos.

En este sentido advertimos que la resolución de la CONARE se da en el marco de una coordinación represiva con el Gobierno de la República de Chile que implica la intensificación de la represión de la protesta social y de los reclamos de tierras por parte de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país.

La resolución tomada por la CONARE se convierte en un antecedente peligroso ya que significa abandonar la inveterada tradición de los gobiernos democráticos de nuestro país de ser tierra de paz y asilo para todas aquellas personas que son injustamente perseguidos en sus países de origen, renunciando así al ejemplo internacional en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que supo ser nuestro país frente a la comunidad de las naciones.