Ante el anuncio de que Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, asumiría la Secretaría de Relaciones con los Poderes del Estado de esa cartera, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa que el desplazamiento viene a reforzar el frente judicial que tiene abierto el gobierno en relación al caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Llama la atención que en el momento en que salen a luz hechos que podrían demostrar el proceder ilegal de la Gendarmería, se producen estos cambios y se inicie una campaña de desprestigio a la familia de Santiago Maldonado.
En el marco de la querella que lleva adelante la causa Maldonado, la APDH viene sosteniendo que existió un proceder ilegal antes y durante el operativo represivo, echando por tierra el argumento de “flagrancia” que oportunamente el Ministerio de Seguridad esgrimió para justificar la represión sin orden del juez contra la comunidad mapuche el 1 de agosto de 2017.
De comprobarse que esta flagrancia no existió, la responsabilidad política y, eventualmente penal, tendría una gravedad con trascendencia institucional.
La APDH lamenta que las líneas investigativas desarrolladas desde un primer momento fueran ineficaces y trabaran el proceso judicial, como así también repudia que ahora se pretenda descargar la responsabilidad por la mala actuación del Estado en las propias organizaciones de derechos humanos.
Por todo eso, la APDH se solidariza plenamente con la familia de Santiago Maldonado, insiste en que se lleve adelante una investigación independiente e imparcial y continúa exigiéndole al Estado argentino las respuestas sobre el proceder de sus fuerzas de seguridad.
