Saludamos la realización de este V Encuentro Nacional de Militantes de la APDH en Embalse Río Tercero, Provincia de Córdoba.
Es un espacio de particular significación para compartir las experiencias vividas y revisar con los compañeros y compañeras de lucha el análisis de cada coyuntura, los embates enfrentados y las iniciativas y líneas de acción formuladas. Nos permite valorar en toda su extensión y complejidad, la impresionante tarea que llevan adelante las distintas regionales de la APDH a lo largo y ancho del país. También permite evaluar el rol de la Mesa Directiva Nacional y el grado de concreción y pertinencia de los criterios y objetivos aprobados por los Consejos de Presidencia, nuestras Asambleas.
APDH es un organismo de valiosa y reconocida trayectoria nacional e internacional. Desde un perfil plural y al mismo tiempo de solida postura ideológica, desde su creación en 1975 plasmó en todo el país una acción institucional sostenida en defensa de la democracia, de lucha contra la dictadura cívico militar y contra toda forma de violencia estatal e institucional.
Por ello su rol pionero en la búsqueda y defensa de los y las militantes perseguidos, secuestrados, detenidos o desaparecidos. Y la lucha a lo largo de la democracia porque el Estado juzgue y condene a los culpables de tanto exterminio.
Los Juicios de Lesa Humanidad han tenido y tienen en la APDH un espacio de particular protagonismo. El informe específico que hoy se entrega a la militancia da cuenta de la titánica tarea desarrollada por los equipos jurídicos de las regionales junto a sus conducciones locales. Valoramos la tarea realizada y el apoyo recibido a través del Convenio sustanciado con el Ministerio de Justicia de la Nación a partir del 2011 y que fuera suspendido con el cambio presidencial de diciembre de 2015. A pesar de la falta de recursos la tarea se llevó adelante, con fuertes restricciones, pero con el impresionante resultado de haber sido protagonistas en la condena de cientos de genocidas y represores.
La APDH también desarrolló una acción sostenida en defensa de los derechos humanos en sentido integral y amplio, incorporando a sus líneas de acción la defensa de los derechos económicos sociales y culturales: a la salud a la educación, al ambiente sano, a la igualdad de género y a la diversidad sexual, a la dignidad y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, como temáticas de fuerte especialización y particular compromiso institucional y militante.
Compañeros, compañeras, somos conscientes de que vivimos en una sociedad particularmente injusta y desigual. Atravesada por profundas relaciones de poder, la estructura económica y social reproduce un sistema de opresión y exclusión, en sus distintas variables. Por citarlas brevemente, porque son parte del diagnóstico permanente de las contradicciones que enfrentamos, mencionamos las vinculadas con el mundo del trabajo – con fuertes niveles de precarización, subempleo o desocupación- las vinculadas con la discriminación étnica, que segrega a los pueblos originarios históricamente despojados de los bienes de la naturaleza, en proceso de deterioro gradual o peor aún en amenaza actual de exterminio, y la discriminación de género, que denegó durante siglos a las mujeres y al colectivo LGBT el ejercicio pleno de sus derechos.
Durante la crisis del 2001 y el 2002 los límites estructurales agudizados por un fuerte proceso de vaciamiento y despojo financiero, se manifestaron en la brutal caída en la indigencia y la pobreza de dos terceras partes de los habitantes de nuestro suelo. El capitalismo vuelve a reciclar su crisis a costa del recorte de los presupuestos estatales, la privatización de las empresas y el despojo de los sectores populares. Son las mismas recetas económicas de las dictaduras militares, al servicio de los centros internacionales de poder económico reproducidas en los gobiernos constitucionales una y otra vez.
En los años posteriores a la crisis del 2001 un proceso de recuperación económica y social en el marco de políticas que podrían ser definidas de ampliación de derechos, fue acompañado por la derogación de las leyes de impunidad de la presidencia de Alfonsín, y la anulación del indulto a los genocidas firmado por el Presidente Menem. El gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández, daban respuesta a la prédica insistente de los organismos de derechos humanos y del conjunto de la sociedad que reclamaba el cese de la impunidad.
Después de doce años de gobierno kirchnerista, las políticas implementadas no lograron transformar la estructura de desigualdad previa y el modelo de incipiente industrialización no superó el límite del extractivismo y la concentración económica de grandes grupos extranjeros.
La asunción de un gobierno de corte neoliberal – elegido por la mayoría de los votos de la ciudadanía – en diciembre de 2015 marcó un “Cambio” profundo en las políticas públicas que habían intentado un proyecto económico social popular en el gobierno anterior.
Comienza entonces un proceso de destrucción de los derechos del campo popular, propio de los gobiernos dictatoriales, pero ejecutado por civiles elegidos por el voto, lo que marca una gran diferencia a la hora de analizar las diversas formas de resistencias.
Tal como se señaló en el documento político aprobado en el Consejo de Presidencia del 1 y 2 de diciembre del 2017, la restauración de políticas neoliberales o neoconservadoras se traducen en el aumento de la concentración económica y de las ganancias para los grupos empresariales a costa de la reducción de los presupuestos estatales, del aumento de las tarifas de servicios públicos, el vaciamiento de programas sociales y de derechos humanos en el Estado y el cierre o reducción de personal de los emprendimientos productivos regionales y nacionales tanto en el ámbito público como en el privado.
Se profundiza también el histórico despojo de los pueblos originarios, violentando o no respetando las mesas de concertación, la legislación vigente en materia de recuperación de derechos para las comunidades, y construyendo un enemigo interno en la población más discriminada de nuestra sociedad.
En este contexto el aumento de la violencia de género evidenciado en los múltiples femicidios abusos y acosos diversos, expresa el correlato cultural de una estructura de dominación patriarcal, misógina y sexista.
Este plan de ajuste y transformación estructural de la economía va acompañado de claras acciones represivas y de persecución judicial y política a luchadores y luchadoras sociales. En cada acto o movilización hemos visto desplegarse, a la vieja usanza de los gobiernos antipopulares y militares, el aparato represivo en múltiples dimensiones con la brutal decisión política de reprimir, no dialogar, con acciones de razias y detenciones masivas de militantes populares, arbitrarias y contrarias a derecho.
El vaciamiento de los programas de Memoria, Verdad y Justicia han sido acompañados de una prédica “negacionista” que pretende desterrar de la conciencia social los enormes avances en materia de juzgamiento y condena a crímenes de lesa humanidad. Por ello es tan grave la ideología que acompaña a los funcionarios de derechos humanos y justicia y seguridad en el ámbito nacional y en cada una de las provincias y la necesidad de mantener el alerta permanente y la denuncia frente a cualquier retroceso en la materia.
Ratificamos y ampliamos los ejes trazados en los Consejos de Presidencia y en anteriores Encuentros Nacionales de Militantes. Proponemos
* Multiplicar y profundizar las acciones de lucha, resistencia y concientización ante el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el incremento de la violencia institucional y en particular de las fuerzas de seguridad.
* Reclamar la celeridad y la ampliación de los Juicios de Lesa Humanidad a fin de castigar a los cómplices civiles y religiosos del genocidio.
* Mantener y desarrollar la articulación con las organizaciones de derechos humanos, levantando la bandera de la unidad a fin de superar los sectarismos y hegemonismos existentes.
* Participar en los foros y multisectoriales en lucha y resistencia contra el ajuste y los tarifazos, en consonancia con la defensa de los derechos vulnerados en el plano económico y social.
* Mantener y desarrollar el monitoreo de los tres poderes del Estado a fin de detectar el incumplimiento de los tratados de derechos humanos y la profundización de las políticas de ajuste.
* Dar prioridad a la constitución de equipos jurídicos e interdisciplinarios a fin de realizar el relevamiento de las situaciones de violencia en todo el país, así como asumir la defensa de las personas detenidas en manifestaciones, elaborando los procedimientos y responsabilidades a asumir por nuestra organización.
* Participar activamente en las luchas del movimiento de mujeres y del colectivo LGBT, llevando desde la APDH el aporte conceptual de integrar las luchas sectoriales como parte de la lucha por los derechos humanos, sin escindir o autonomizar las temáticas.
* Visibilizar las acciones de defensa de los derechos humanos llevadas adelante por las Regionales y por la Mesa Directiva Nacional tanto en el plano de los medios de comunicación como de los Foros internacionales.
A modo de ejemplo podemos informar que las violaciones de derechos humanos contra las compañeras y compañeros presos de la Tupac Amaru en Jujuy, la muerte de la maestra María de los Ángeles Paris en una comisaría de Rosario, la represión en la cárcel de Mujeres de Ezeiza el 8 de marzo pasado y las denuncias de tortura de Facundo Jones Huala en Esquel, han sido presentadas por APDH ante el Relator de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes el pasado 8 de abril.
También a modo de ejemplo queremos valorar la tarea llevada adelante por la APDH en distintos ámbitos nacionales e internacionales en especial la presencia en el Comité de Solidaridad por Palestina, el recientemente creado Comité de solidaridad con el ex presidente Lula, el Foro por la libertad de todos y todas las presas políticas de Argentina.
La presencia de la APDH es visible en cada una de las acciones de lucha de nuestro pueblo, en cada una de nuestras ciudades. Está presente en el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo del Congreso Nacional y en los pañuelazos que se multiplican en las provincias. En las marchas contra el ajuste previsional, los tarifazos y la eventual derogación o recorte de las leyes laborales.
Este Encuentro Nacional de Militantes es una nueva oportunidad para debatir y fortalecer nuestras estrategias y objetivos políticos e institucionales. Dependerá mucho de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras permitirnos desarrollar ese desafío, sin prejuicios ni sectarismos. Definir, desarrollar el perfil de la APDH que necesitamos y queremos construir frente al embate regresivo de este tiempo.
Gisela Cardozo – María Elena Naddeo – Norma Ríos
Presidentas
¡Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel!
¡Libertad a todxs los presxs políticxs!
¡Basta de despidos y de persecución a los luchadores sociales y delegados sindicales!
¡Basta de ajuste y de aumento de las tarifas!
Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
NO OLVIDAMOS,
NO PERDONAMOS,
NO NOS RECONCILIAMOS
