Desde su compromiso en defensa de los derechos humanos, la APDH desea expresar su opinión sobre la nueva etapa política que se abre luego de las últimas elecciones legislativas.
Nuestro organismo desde su inicio en 1975 tiene una formación pluralista política, social y religiosa.
En su relación con los gobiernos elegidos por el pueblo adoptó una posición de autonomía política.
Las recientes elecciones celebradas suceden en un momento sumamente importante en América Latina y el Caribe cuando nuevos gobiernos adoptan posiciones de autonomía de los grandes centros de poder político y económico mundial además de fortalecer su relación regional mediante acuerdos de unidad como por ejemplo la Unión de Países del Sur y otros.
Fortalecer este proceso sumamente valioso es un desafío para nuestro país que no debe ser desconocido.
Lamentamos por otro lado que, en este momento latinoamericano, haya sucedido una nueva forma de golpe de estado en Honduras con graves violaciones a los derechos humanos.
Que el pueblo colombiano continúe sufriendo una larga situación de violencia que afecta el independiente ejercicio de la ley y el derecho, persecución a campesinos, secuestros, narcotráfico, desaparecidos, asesinatos impunes y fuerte presencia militar de Estados Unidos mediante bases militares y su sostén para el Plan Colombia.
Afirmamos que es de suma importancia garantizar los avances que se han logrado en el campo de los derechos humanos y sus valores de verdad, justicia y memoria luego de años de lucha del Pueblo, los Organismos y Movimientos Sociales.
Señalamos importantes los pasos dados que permitieron la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final como también el indulto. El inicio de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado, el desmantelamiento de la ESMA en vista de proyectos de derechos humanos entre otros.
Pensamos que en cambio el avance ha sido mucho más lento en paliar las consecuencias del modelo neoliberal conservador responsable – junto con sus autores – del aumento de la desigualdad social, la desocupación y la pobreza, así como de la privatización indiscriminada de nuestros recursos materiales, empresas públicas y la destrucción del aparato productivo.
Afirmamos que hay mucho camino que recorrer hacia una democracia de mayor contenido, para ello es preciso fortalecer la independencia de la justicia para el responsable ejercicio de ella basada en la ley y el derecho.
En cuanto al juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar debe acelerarse el avance de los debidos juicios, para ello es preciso tomar decisiones políticas, jurídicas y administrativas que favorezcan el funcionamiento de los tribunales mediante el nombramiento de jueces y fiscales idóneos, la debida provisión presupuestaria, equipo y personal jurídico.
Afirmamos la importancia del lugar del Estado como responsable del correcto funcionamiento de las Instituciones de la Nación al servicio de toda la población.
Afirmamos que debe ser una clara decisión política la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, especialmente para aquella parte de la población más postergada, como, Pueblos Originarios, familias pobres, algunas en situación de calle como también niños y niñas con hambre y adultos en esa misma situación , madres solas, adultos mayores , obreros sin trabajo y trabajadores precarizados.
Afirmamos que, para garantizar esos derechos es preciso tomar decisiones que creen las debidas condiciones para la redistribución de la riqueza. Un paso importante en esta dirección es una profunda reforma tributaria basada en la justicia y equidad.
Debe ser aceptado el desafío político que implica el reconocimiento de que en nuestro país haya niveles de riqueza personal y derroche desmedido que contrasta fuertemente con millones de habitantes que carecen de posibilidades de desarrollo integral.
Subrayamos el lugar de la educación, la salud y el trabajo en este propósito hacia la equidad distributiva.
Afirmamos que se debe avanzar en la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que derogue la actual de facto y sus posteriores modificaciones. La nueva ley debe garantizar el derecho a una información libre de presiones políticas o económicas en vista de subrayar la diversidad en la comunicación audiovisual
Debe evitar todo monopolio que favorezca a empresas o grupos de poder de alta concentración económica.
Debe garantizar la democracia y la participación para todas las voces de la comunidad.
Afirmamos que es preciso defender con mayor compromiso las riquezas mineras, acuíferas y forestales del país.
Creemos que la falta de cuidado de nuestros recursos naturales termina afectando los derechos humanos especialmente de Pueblos Originarios que siguen siendo marginados en sus derechos y reconocimiento de su cultura.
Fue positiva en esta dirección la aprobación de la ley en defensa de los glaciares y lamentamos su posterior veto de parte del Poder Ejecutivo.
Aspiramos a un ejercicio político respetuoso de la diversidad política partidaria para poder poner prioritariamente los intereses de la Nación y sus habitantes antes de los intereses de los partidos o personales.
La construcción de la democracia se retrasa cuando rencores, rivalidades y no claros intereses impiden su avance.
Repudiamos todo hecho de corrupción que se manifiesta en administraciones de dudosa confiabilidad, malversación de fondos, complicidad con el manejo de drogas, prostitución, y el injusto e impropio uso del poder.
Nos preocupa que mediante elevados recursos económicos invertidos en propaganda política sea posible ganar elecciones en lugar de llegar a ello mediante justos planes de gobierno.
Afirmamos que toda persona tiene valor, no importa su condición social, cultural o económica por ello repudiamos la trata de personas, el maltrato a los detenidos, la venta de niños, el abuso sexual, la violencia de género, la injusta situación de los Pueblos Originarios y la carencia de acceso a la justicia de los pobres y marginados.
Como lo ha hecho siempre desde su creación hace casi 34 años, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mediante su Mesa Directiva, 16 secretarías , 20 comisiones, 29 delegaciones y su representación ante las Naciones Unidas quiere dar su apoyo a los valores, trabajos y desafíos al servicio de toda la población.
Consejo de Presidencia.
Agosto 2009