El documento político de la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH) fue aprobado en el Consejo de Presidencia celebrado en diciembre de 2018 para plantear, ratificar y ampliar los ejes trazados para este año.
La APDH es un organismo de valiosa y reconocida trayectoria nacional e internacional. Desde un perfil plural y al mismo tiempo de sólida postura ideológica, desde su creación en 1975 plasmó en todo el país una acción institucional sostenida en defensa de la democracia, de lucha contra la dictadura cívico-militar y contra toda forma de violencia estatal e institucional. Por ello su rol pionero en la búsqueda y defensa de las y los militantes perseguidos, secuestrados, detenidos o desaparecidos. Y la lucha a lo largo de la democracia porque el Estado juzgue y condene a los culpables de tanto exterminio.
Los juicios de Lesa Humanidad han tenido -y tienen en la APDH- un espacio de particular protagonismo. Valoramos la tarea titánica que han realizado los equipos jurídicos de las regionales junto a las conducciones locales pese a la falta del aporte estatal que fuera suspendido con el cambio presidencial de diciembre de 2015 y ratificada esa suspensión en octubre 2018 vía telefónica. A pesar de la falta de recursos la tarea se llevó adelante, con fuertes restricciones, pero con el impresionante resultado de haber sido protagonistas en la condena de cientos de genocidas y represores.
La APDH también desarrolló una acción sostenida en defensa de los derechos humanos en sentido integral y amplio, incorporando a sus líneas de acción la defensa de los derechos económicos sociales y culturales: a la salud, a la educación, al ambiente sano, a la igualdad de género y a la diversidad sexual, a la dignidad y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, a la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, como temáticas de fuerte especialización y particular compromiso institucional y militante.
Somos conscientes de que vivimos en una sociedad particularmente injusta y desigual. Atravesada por profundas relaciones de poder, la estructura económica y social reproduce un sistema de opresión y exclusión, en sus distintas variables. Por citarlas brevemente -porque son parte del diagnóstico permanente de las contradicciones que enfrentamos- mencionamos las vinculadas con el mundo del trabajo, con fuertes niveles de precarización, subempleo o desocupación, las vinculadas con la discriminación étnica, que segrega a los pueblos originarios históricamente despojados de los bienes de la naturaleza, en proceso de deterioro gradual o peor aún en amenaza actual de exterminio, y la discriminación de género, que denegó durante siglos a las mujeres y al colectivo LGBTIQ el ejercicio pleno de sus derechos.