Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008
Al Sr, Ministro de Educación
Dr. Mariano Narodowski:
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos reitera su enorme preocupación por los diversos hechos que se han sucedido en esta Ciudad de Buenos Aires y que están afectando claramente la garantía del derecho constitucional a la educación de nuestra población.
En primer lugar, reiteramos nuestro apoyo a la comunidad educativa de los diversos colegios de nivel medio de la Ciudad que, habiendo agotado los medios administrativos dispuestos para el ejercicio del derecho a la información y el derecho a la educación (como ser el pedido de informes dirigido al Ministerio que Ud. preside, los reclamos ante la Defensoría del Pueblo y las exposiciones ante la Legislatura), resolvieron hacer uso de su legítimo derecho a la protesta por la asignación de becas, y en general, a ser oídos en las decisiones que afectan su vida.
En segundo lugar, reiteramos nuestro repudio a la judicialización de la protesta y solicitamos tenga a bien informar a través de todos los medios a su alcance sobre las acciones realizadas por el Ministerio ante la toma del Colegio Mariano Acosta los días previos al receso de invierno del corriente año. El día 25/07/08 fue difundida a través de los medios masivos de comunicación la elevación de una denuncia por usurpación del espacio público realizada por el Gobierno de la Ciudad. Nuestra solicitud se fundamenta en el hecho de que es obligación del Gobierno de la Ciudad hacer públicas sus acciones y rendir cuentas de las mismas.
En tercer lugar, observamos con gran preocupación que la respuesta estatal frente a las medidas de fuerza sea la suspensión de las clases y la solicitud de confección de Actas con los nombres de las “personas que ocupan el establecimiento”. (Según consta en la nota Nº 495499/DGEGE/2008 del 26 de agosto de 2008 de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dirigida a las Direcciones de Media, Técnica, Artística y Formación Docente). Esta medida formaliza el señalamiento y conduce a la estigmatización de quienes realizan la acción. En el mismo sentido, nos preocupa el hecho de que se hubiera sancionado, en el medio del conflicto, el Decreto 998/08 que reglamenta la Ley 223 sobre creación del Sistema Escolar de Convivencia, incluyendo a las tomas de escuelas entre las faltas inadmisibles. Esta medida, en lugar de conducir al diálogo y habilitar la posibilidad de una construcción colectiva, refuerza la postura del Gobierno de la Ciudad y clausura el debate sobre un tema que afecta a la totalidad de la comunidad educativa.
Nos solidarizamos con los estudiantes que el 26 de agosto decidieron hacerse oír y dieron visibilidad a la crisis educativa que estamos atravesando. Solo luego de estos hechos, el Gobierno comunicó el otorgamiento de 15.812 becas más, que de todas formas, no cubre la totalidad de las becas solicitadas. Desconocemos los fundamentos y los criterios de esta decisión por lo que solicitamos se informen por todos los medios públicos a su alcance junto con la explicitación cuáles fueron los errores cometidos en la primera asignación de becas (que no consideró a esas 15.812 solicitudes), En ese mismo sentido, requerimos conocer los términos y condiciones de participación de la Fundación Cimientos en el programa de asignación de becas a alumnos de escuelas públicas de la Ciudad.
Por último, reiteramos que la judicialización y penalización no son la vía adecuada para resolver los conflictos. La convivencia democrática es un ejercicio colectivo y permanente de aprendizaje que solo puede darse en el marco del diálogo y de apertura a la participación. La falta de información y de fundamentación sobre los hechos de gobierno atenta contra este ejercicio.
Sin otro particular, y a la espera de la información pública solicitada, lo saluda a ud. atte.
Miguel Monserrat
Copresidente
Aldo Etchegoyen
Copresidente
Alicia Herbón
Secretaria Coordinadora
Coordinadora Comisión de Educación