La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su consternación por la muerte de Camila López (13 años), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22) en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires.
Las primeras líneas de investigación confirmadas por el Ministerio Publico Fiscal arrojan por resultado un accionar policial violatorio de preceptos elementales de seguridad democrática, pues la persecución iniciada sin fundamentos, violentó el principio de legalidad y razonabilidad.
Consideramos que este hecho aberrante no es aislado. Es resultado de una orientación general del Gobierno de Cambiemos que alienta un paradigma represivo feroz y sin controles técnicos ni éticos.
Las instrucciones, normativas y declaraciones públicas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicitadas a lo largo de todo el periodo de gobierno, han otorgado una suerte de “licencia para matar” a las fuerzas de seguridad, protegiendo a sus integrantes de cualquier crítica de la ciudadanía, incentivando la arbitrariedad y el uso de armas en la sociedad, premiando con reconocimientos públicos a agentes de seguridad involucrados en asesinatos.
Hacemos responsables tanto a la ministra Bullrich como al Presidente Mauricio Macri, y a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, de la muerte de los tres jóvenes y la joven de San Miguel del Monte.
Exigimos la investigación rigurosa de los hechos, el castigo a todas las personas responsables, tanto a las directamente comprometidas en el hecho, como a sus superiores y a las funcionarias y funcionarios políticos de los que dependen los policías implicados.
El gobierno de Macri y sus aliados viola los derechos humanos y el conjunto de normas nacionales e internacionales, que obligan a la Argentina a prevenir y asegurar el uso pacífico de las fuerzas de seguridad, los controles de legalidad en el uso de las armas y su uso como último recurso.
El derecho a la vida y a la libertad de la ciudadanía esta siendo seriamente vulnerado. La masacre de San Miguel del Monte es producto del descontrol las fuerzas de seguridad y de la violencia institucional derivada de políticas públicas represivas profundizadas y alentadas desde el poder político. Denunciamos este crimen, que se suma a la barbarie que quieren imponernos desde diciembre de 2015 y a la impunidad con que pretenden gobernar a nuestro pueblo.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
24 de mayo de 2019