Buenos Aires, 9 de junio de 2008.
Al. Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Dr. Aníbal Fernández:
Esta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en su reunión de Mesa Directiva del día de la fecha expresa su sorpresa y su repudio ante la agresión ejercida durante una requisa en la sede universitaria de la Cárcel de Ezeiza el día 23de mayo pasado, contra las estudiantes de ciencias sociales que se encontraban en clase, contra quienes se aplicó, entre otras, una práctica de humillación permanentemente denunciada: el desnudo vejatorio. La requisa – totalmente injustificada - se produce exactamente 3 semanas después que la Procuración Penitenciaria presentara, en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UBA, su investigación sobre la situación de las y los presos en diversas cárceles federales del país. En dicha investigación, dirigida por la socióloga Alcira Daroqui entre los meses de junio y septiembre de 2007, se realizó una entrevista a 939 presos, o sea al 10% de la población carcelaria, donde por primera vez los entrevistados pudieron declarar y exhibir fotográficamente las huellas de las torturas y vejámenes físicos a los que son sometidos. Según expuso la propia directora de la investigación, las víctimas principales de maltrato son los jóvenes y las mujeres. Esta investigación coincide con la denuncia hecha por otros organismos de Derechos Humanos en estas últimas semanas sobre la situación carcelaria y sus prácticas aberrantes, agravada en este caso porque se ha producido por primera vez la violación de la autonomía universitaria por una fuerza represiva –en el ámbito del Programa UBA XXII – que desde su creación hace 23 años siempre fue respetado. Hoy ese acuerdo ha sido violado pese a tener conocimiento de los beneficios que el estudio produce en los reclusos, que recuperan de ese modo su dignidad y además, no reinciden. Por todo lo anterior, exigimos al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos una investigación sobre los hechos, ya que los penitenciarios sólo proceden por orden superior, y una urgente revisión del proceso militarizado e impune de formación del personal, que en nada ha modificado las prácticas aberrantes de maltrato físico y psicológico adquiridas durante la dictadura, de las que corresponde hacer responsables a las instituciones y sus autoridades, que construyen personas tan dañadas en su formación como aquellos que están bajo su dominio.
Miguel Monserrat
Obispo Aldo Etchegoyen
Co-presidentes
Alicia Herbón
Secretaria Coordinadora
C/c Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Sr. Secretario de DDHH Dr. Eduardo Luis Duhalde
Sr. Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Dr. Descalzo