Desde el pasado 18 de octubre el pueblo de Chile se ha levantado en protesta contra las políticas neoliberales que sostienen la comercialización de los derechos básicos de las chilenas y los chilenos, y que no garantizan el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda.
Esas políticas empujan a las personas a recurrir a entidades bancarias y financieras en busca de créditos –que luego resultan impagables- para hacer frente a la cuota de la escuela secundaria, del tratamiento médico, del pago de alquileres de viviendas. Así, la mayor parte de la población se sumerge en un estado de endeudamiento permanente, con tasas desreguladas y cláusulas leoninas, que condicionan la vida a límites intolerables.
Chile advirtió las inevitables consecuencias de la desigualdad y hoy reclama derechos ocupando las calles. Reclama una nueva constitución política que consagre los derechos básicos que debe garantizar el estado. Reclama dignidad.
A estas justas exigencias, el gobierno de Piñera respondió criminalizando la protesta, deteniendo ilegalmente a miles de manifestantes, asesinando, violando, mutilando, persiguiendo y aterrorizando. Echó mano al ya conocido artilugio del enemigo interno, al que caracterizó como un vándalo encapuchado que tiene por finalidad la destrucción de bienes materiales aprovechándose de los tumultos.
Cuesta creer que ese sujeto pueda existir, a no ser que nos refiramos a los propios carabineros chilenos que han ocasionado incendios en los que arrojaron los cuerpos de las personas asesinadas en procura de la impunidad. O a quienes en la noche del sábado 14 de diciembre ingresaron ilegalmente en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos para llevarse las computadoras y memorias portátiles en las que se almacenaban las centenares de denuncias de por violaciones a los derechos humanos sucedidas a partir del 18 de octubre de 2019, hecho gravísimo que denunciamos a la comunidad internacional.
No sólo repudiamos estos hechos, sino que volvemos a exigir públicamente que los órganos del sistema regional y del sistema universal de derechos humanos intervengan en protección de la población chilena, de las y los integrantes de las organizaciones humanitarias, políticas, partidarias y sociales, exigiendo el inmediato cese de la represión ilegal en el Estado de Chile.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
17 de diciembre de 2019