La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la ola de intimidaciones y amenazas dirigidas a diferentes actores de la sociedad que se viene verificando en la Argentina en los últimos tiempos.
Estas intimidaciones se han sucedido con notable frecuencia desde el inicio del proceso judicial por violaciones a los derechos humanos contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar argentina, y más particularmente tras la desaparición del Sr. Jorge Julio López, ex detenido-desaparecido a manos del gobierno militar y principal testigo y querellante en esta causa judicial, el 17 de septiembre de 2006, día en que debían leerse los alegatos de la querella.
En el marco de este clima enrarecido, han sido víctimas de diferentes tipos de amenazas periodistas y defensores de derechos humanos, así como abogados, jueces, fiscales, testigos y querellantes en los juicios reabiertos contra ex represores luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2005.
Las amenazas fueron dirigidas, entre otros, a dos jueces del Tribunal Oral que condenó a Miguel Etchecolatz, el Sr. Norberto Lorenzo y el Sr. Horacio Insaurralde, así como al despacho del juez Arnaldo Corazza y del fiscal Sergio Franco, ambos pertenecientes al Tribunal Federal de Primera Iinstancia de la Plata y a cargo de la instrucción de causas contra ex represores. Asimismo, el juez Carlos Rozansky, presidente del Tribunal Oral que condenó a Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua, recibió dos llamados telefónicos amenazantes provenientes del Servicio Penitenciario Federal: uno de la Unidad 2 de Devoto y otro de la Unidad 27 femenino, realizados desde teléfonos que utiliza el personal a los que los internos no tienen acceso.
Como en este caso, en muchos otros se ha constatado la realización de llamadas telefónicas intimidantes desde establecimientos penitenciarios donde el emisor transmite a la víctima elegida el mensaje amenazante resguardado en un ámbito que le brinda garantías de impunidad, dejando en evidencia la peligrosidad que denota la calidad criminal del emisor. Esta metodología, que se propaga en el país con llamativa impunidad, busca quitarle entidad política a la amenaza que, asimilada a un delito común, termina por ser banalizada. Recientemente hemos tomado conocimiento que el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas y Presidente de la Auditoría General de la Nación de Argentina, ha recibido amenazas que reproducen la misma metodología.
Las amenazas y actos intimidatorios también se suscitaron contra testigos, querellantes y miembros de organizaciones de derechos humanos vinculados a la causa judicial contra Miguel Etchecolatz y a la defensa de los derechos humanos en general. Tal fue el caso de testigos y querellantes como la Sra. Nilda Eloy y la Sra. Chicha Mariani, y miembros de las organizaciones Asociación Anahí y Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, así como el de la Sra. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y el de Ramiro González, miembro de la agrupación H.I.J.O.S. que nuclea a hijos de desaparecidos, quien fue secuestrado y golpeado durante dos horas, días después de haber recibido amenazas desde un supuesto servicio penitenciario.
Los medios de prensa tampoco han estado exentos de recibir intimidaciones, y periodistas destacados como el Sr. Joaquín Morales Solá y el Sr. Jorge Fontevecchia, entre otros, han sido recientemente víctimas de amenazas como consecuencia de su labor profesional.
Frente a esta preocupante tendencia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicita al gobierno argentino que investigue y sancione a los responsables de estas acciones y que tome todas las medidas necesarias para asegurar la vida y el bienestar de quienes resultan víctimas de intimidaciones como consecuencia de su compromiso y trabajo por la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.
Mesa Directiva de la APDH
Buenos Aires, 24 de Octubre de 2006