La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) desea manifestar su repudio a la decisión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de enviar a la Ciudad de Buenos Aires a un grupo de migrantes y solicitantes de asilo, en violación a los principios del derecho internacional históricos en nuestro plexo normativo.
Expresamos asimismo nuestra preocupación por la situación de esas sesenta personas que viajaban en el ómnibus retenido por los controles policiales de la Ciudad, que habían partido en el día de ayer de la Provincia de Jujuy.
En el grupo se encuentran personas migrantes, varadas luego del cierre de fronteras y algunas personas que requieren protección internacional, entre ellas algunos niños y niñas.
En el día de ayer, 1 de abril, las organizaciones CAREF, ANDHES y CELS presentaron un hábeas corpus, que fue rechazado por la Justicia Federal de Jujuy, y hoy ha sido apelado, en relación con esta decisión del Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El traslado compulsivo de migrantes sin tener en cuenta sus necesidades y derechos personalísimos nos recuerda momentos siniestros de la historia argentina como durante el terrorismo de Estado cuando se ordenó la erradicación de las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y su traslado violento, o cuando el gobernador Bussi en la provincia de Tucumán trasladó de la misma manera a personas indigentes hacia Catamarca.
Valoramos la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para resguardar los derechos de estas personas provenientes de Jujuy. Pero solicitamos también que se analicen las acciones a seguir por tamaña actitud inconstitucional del gobernador Morales.
Hemos cuestionado severamente al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy por su connivencia con el gobierno local violentando el principio de división de poderes, entre otras irregularidades, y, junto a los organismos de derechos humanos, hemos acompañado el pedido de intervención federal a ese poder provincial.
Buenos Aires, 2 de abril de 2020