La Justicia porteña dio lugar a la medida cautelar presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a la multiplicación de los casos positivos de COVID-19 en los dispositivos penales juveniles y los centros de atención transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), dependientes del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).
En el fallo, el Juzgado Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Cecilia Molice Louriodo, ordenó la provisión de elementos de protección personal (barbijos, ropa de trabajo, guantes) y de kits de limpieza e higienización con el fin de evitar que se continúe propagando el COVID-19 entre las y los trabajadores y las y los jóvenes alojados en los dispositivos.
María Elena Naddeo, copresidenta de la APDH, y Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, celebraron la medida judicial. La titular de la APDH declaró: “La expansión de la enfermedad COVID 19 se refuerza cuando no se toman las medidas de control y supervisión necesarias. No puede haber indiferencia ni aplicaciones parciales, la prevención y los testeos deben ser exhaustivos. Tanto las y los trabajadores los niños y niñas están bajo responsabilidad del Estado”.