Ante un nuevo 1° de mayo jornada universal de lucha de los trabajadores por sus legítimas reivindicaciones, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su adhesión a la conmemoración de las luchas sociales de todos los tiempos y al justo homenaje a sus protagonistas, desde los iniciales mártires de Chicago hasta los hombres y mujeres de nuestros días, que dan continuidad a la lucha por una sociedad más justa y solidaria.
Esta recordación encuentra a los trabajadores como principales, víctimas de la más profunda crisis de nuestra historia. Una crisis de carácter Integral, que afecta especialmente al campo popular e involucra y degrada severamente a todas las manifestaciones de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad argentina.
La extrema situación de emergencia resultante, castiga tanto a los trabajadores ocupados, víctimas de los bajos salarios y las deterioradas condiciones laborales, como a los trabajadores desocupados y subocupados, cruelmente inmersos en la pobreza, la desprotección y la desesperanza, que ya afecta casi al cincuenta por ciento de la población del país.
Las bases de este antisocial modelo de extremada concentración de la riqueza y exclusión social fueron impuestas mediante el Terrorismo de Estado a partir del golpe militar de 1976. Los gobiernos que se sucedieron en la etapa constitucional que llega hasta nuestros días, frustraron las expectativas de cambio e hicieron posible la continuidad.
En la última década, bajo las presidencias de Menem y De la Rúa, la profundización del paradigma neoliberal basado, entre otros pilares, en la dilapidación del patrimonio nacional, la extranjerización de la economía y la desindustrialización del país, junto a la política sistemática de destrucción de la legislación laboral y de desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, se han incrementado en forma exponencial la desocupación y la precarización del trabajo, perversa conjunción de factores violatorios de los derechos sociales, que han llevado al más bajo nivel histórico la participación de los trabajadores en el ingreso nacional.
Este cuadro de situación de por sí alarmante, se ve agravado por la incertidumbre que genera la falta de señales claras en la actual gestión gubernamental en cuanto a producir un cambio de rumbo substancial en e1 plano económico-social.
Consecuentemente se aleja cada vez más la posibilidad de abrir una nueva perspectiva de producción y trabajo capaz de sustentar con efectiva vigencia de los derechos económicos sociales consagrados en declaraciones y pactos internacionales ratificados por nuestro país y en nuestra propia Constitución Nacional.
Por el contrario, el actual gobierno nacional sigue desconociendo las demandas las populares y la voluntad de cambio expresadas a partir de las históricas jornadas del 19 y 20 del diciembre del año pasado y continuadas las movilizaciones populares de nuestros días y persiste, en cambio en subordinar su accionar político a las imposiciones de los organismos financieros internacionales y a los intereses de los grupos de poder económico y financiero dominantes en el orden interno.
En el marco do esta conflictiva situación hemos visto, por un lado, el despliegue de una desenfrenada lucha de intereses sectoriales por el reparto de los despojos del país saqueado, y por otro lado, un gobierno vacilante sin planes ni rumbo, cuyas únicas decisiones han sido promover descomunales transferencias de recursos para satisfacer la voracidad de los grandes grupos empresarios y financieros a través de la devaluación monetaria, la estampida de precios, la licuación de pasivos de los grandes deudores y el auxilio a la banca extranjera, entre otras medidas antipopulares.
Frente a este inquietante cuadro de situación que muestra descarnadamente la dramática coyuntura económico-social y la falta de respuesta de las instituciones gubernamentales y de los partidos políticos tradicionales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como mejor homenaje a los trabajadores, ratifica su compromiso histórico de lucha en la defensa de los derechos humanos, entendidos en su indivisible integralidad: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Comisión Directiva de la APDH
Buenos Aires, 1° mayo de 2002.