La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la medida tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la inscripción on line de los alumnos de las escuelas públicas de su jurisdicción. Dicha decisión es coherente con la política de esta administración que atenta sistemáticamente contra el derecho social a la educación y que, desde el comienzos de su gestión, ha favorecido a la educación privada en detrimento de la escuela pública.
La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que muestra un acrecentamiento de la matrícula en las escuelas privadas de tal magnitud que llega al 50% de las escuelas de la Capital. Esta distribución permite al Ministerio impulsar el cierre de grados mediante la distribución arbitraria entre distritos, escuelas, grados y cursos al interior de cada establecimiento. La inscripción on line facilita el vaciamiento de la escuela estatal.
Se ignoró el reglamento escolar que establece prioridades por ejemplo, que los niños cuyos hermanos concurren a una escuela tienen prioridad para tener vacantes en ella. Hubo casos de sobreasignación de matrícula cuando, mediante correos electrónicos se informó que por las vacantes asignadas había grados con más de 40 alumnos. Familias que no utilizaron el sistema on line sino por vía de los contratados por el Ministerio se quedaron fuera. El personal docente que conoce el sistema y sus distintas modalidades no fue tomado en cuenta, lo que habría evitado la improvisación y falta de seriedad que se pusieron en evidencia en los métodos utilizados además de hacer ahorros en un presupuesto de por sí muy exiguo y además de a menudo subejecutado.
La vice Jefa de Gobierno admitió 3500 casos que presentaban problemas y el Ministerio explicó que estimó en 50.000 el número aspirantes a vacantes que en cambio llegaron a 80.000.
Para el año entrante esperan una matrícula de 203.500 alumnos, o sea un recorte de casi 20.000 alumnos. Esta situación hace temer cierre de cursos, aulas superpobladas y menos puestos de trabajo para los docentes. En el nivel secundario, por ejemplo, muchos aspirantes quedaron en lista de espera en un turno pese a haber muchas vacantes en el otro.
Los datos anotados constituyen solo una muestra de los errores cometidos pero que de ningún modo los agota.
Las familias que escogen una educación pública, laica y gratuita deben tener garantizado el derecho a enviar a sus hijos a aquellos establecimientos que imparten el tipo de educación que desean, y que les garantiza, a diferencia de la teoría y la práctica de la presente administración, que la educación no es una mercancía sino la exigencia al Estado de la formación de una ciudadanía con espíritu crítico y valores de justicia, solidaridad y libertad.
Mesa Directiva
Ciudad de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013