APDH Nacional adhiere a esta declaración de la Delegación San Luis.
La ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (filial San Luis) viene denunciando las distintas formas de presión que traban el libre y digno ejercicio profesional de los abogados que intervienen en las causas en que se investigan los crímenes de la Dictadura Militar. Hoy venimos a expresar nuestro más enérgico repudio por las agresiones realizadas al Dr. Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, a los demás abogados querellantes, a las victimas y sus familiares, por parte de abogados, los familiares y amigos de los imputados.
La causa que se esta desarrollando actualmente reúne 110 víctimas, 37 procesados, ex jueces y fiscales, miembros de la Justicia de Mendoza, también están acusados policías del D2, penitenciarios y miembros del ejército. Los jueces y fiscales, hoy acusados, pasan a ser partícipes primarios en homicidios, torturas y ataques sexuales, por eso han intentado obstaculizar el inicio del juicio y siguen hoy poniendo obstáculos, valiéndose de medios espurios para lograr su cometido, esto es, el desprestigio de los abogados querellantes, a la fiscalía y hasta de las propias victimas.
Expresamos nuestra preocupación por el ambiente enrarecido, con un escenario tormentoso, atravesado, aún después casi cuarenta años, por viejas complicidades, reacciones corporativas y tensiones políticas.- La agresión de los familiares de los represores comenzó en las primeras audiencias del juicio mediante carteles ofensivos para las víctimas y para el tribunal, y en las audiencias posteriores se agravaron produciéndose ofensas directas hacia los abogados querellantes.
La agresión se desencadenada cuando los jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret y el ex penitenciario del Centro de Detención D 2 Pedro Linares, pasan de ser calificados como imputados a ser "partícipes primarios" de las detenciones ilegales, homicidios, torturas, ataques sexuales y robos. Tanto la querella como la fiscalía solicitaron la inmediata detención de los mismos, solicitud que fue rechaza por el tribunal que los juzga.
Nos solidarizamos con todos los abogados representantes de la querella y advertimos que paulatinamente se van generando conductas agresivas y descalificadoras de familiares y amigos de los represores acusados, por lo que es muy importante que tanto familiares como amigos acompañen a las víctimas en las audiencias donde deben declarar los aberrantes delitos a los que fueron sometidos. Este accionar delictivo no solo alcanzó a las víctimas directas sino a la sociedad en su conjunto y por ello creemos que todos deben involucrarse en la búsqueda de VERDAD Y JUSTICIA.
Responsabilizamos a toda la Justicia Federal por el peligro y por cualquier agravio o amenaza que puedan sufrir sus integrantes, especialmente los abogados querellantes las victimas de la dictadura y al organismo MEDH.
Exigimos que todos los estamentos políticos se pronuncien ante la Justicia Federal , por los agravios permanentes en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, a Legisladores, Gobierno Provincial, Gobierno Nacional, Colegio de Abogados.
San Luis, 3 de abril de 2014.