La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acompaña a la Comunidad Indio Colalao en Riarte zona norte de la Provincia de Tucumán en la defensa de su territorio en el cual habitan en forma ancestral desde el año 1600.
Como viene sucediendo en otros muchos lugares del país, los intereses agropecuarios dominados por poderosas empresas y terratenientes han venido amenazando a esta Comunidad Indígena, matando sus animales, contaminando sus pozos de agua cerrando caminos vecinales e intentando acciones de desalojos mediante procedimientos fuera de la ley.
Lamentamos además que el Estado Provincial haya cerrado la escuela primaria nro. 31 motivo por el cual los niños indígenas tienen que caminar catorce kilómetros para asistir a las escuelas en Salta.
Todo lo anterior deja ver un plan por el cual se crean las condiciones para que la Comunidad abandone su territorio.
Lo que sucede en Indio Colalao es mas que lamentable especialmente cuando en junio se dio a conocer el informe del Relator Especial James Anaya de las Naciones Unidas sobre Derecho Indígena quien visitó el año pasado nuestro país.
En su informe reclama a los gobiernos nacional y provinciales como también a la justicia que suspendan todo desalojo de comunidades indígenas, indicó además, que el Estado Nacional "debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia e intimidaciones contra los miembros de los Pueblos Indígenas por parte de funcionarios públicos como particulares".
La APDH reclama a todas las instancias estatales que cumplan las leyes oportunamente aprobadas en defensa de los Derechos Indígenas entre ellas la Ley 26160 que apunta a regularizar sus territorios en el país, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto favorable a la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Cuando las leyes no se cumplen, se quebranta la justicia.
Afirmamos que esas Comunidades merecen todo respeto a su dignidad, su cultura, su religión, su territorio y el acceso a las fuentes de sus recursos naturales.
Los hechos que denunciamos son una afrenta a nuestra democracia como también una contradicción al alto prestigio internacional para con nuestro país en la defensa de los derechos humanos y la justicia.
Mesa Directiva
Ciudad de Buenos Aires, 21 de agosto de 2012