La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos declara su profunda preocupación y rechazo ante el pedido del fiscal Michel Horacio Salman de La Rioja, para que cese la investigación y se cierre la causa que implica al Teniente General César Milani en la privación ilegítima de la libertad de Pedro y Ramón Olivera.
El fiscal, quien debería ser sometido a sumario, a tres meses de haber asumido ha violado su obligación de investigar estancando la causa, planteando la nulidad del requerimiento de instrucción y asumiendo los argumentos de la defensa. El libelo del Fiscal Salman no sólo olvida el carácter de prueba privilegiada que la jurisprudencia ha otorgado a los testimonios de los sobrevivientes sino, que en su objetivo de cerrar la causa, argumenta que Milani carece de antecedentes pese a que en Tucumán se encuentra imputado por la desaparición forzada seguida de muerte del soldado Alberto Agapito Ledo.
Su intervención ofende y viola los derechos humanos de las víctimas de crímenes horrendos a conocer y esperar justicia, tal como lo prescribe nuestro sistema y doctrina jurídica, desde el Juicio a las Juntas hasta los fallos de la Corte Suprema que declaran la nulidad de las normas de impunidad.
La tarea de nuestro organismo creado en 1975, ha sido desde entonces escuchar siempre la voz de las víctimas, y exigir al Estado investigación y justicia.
Cuanto mayor es el poder de quien se encuentra imputado de participación en el genocidio, mayor es el deber del Estado de separarlo del cargo y someterlo a una seria investigación. Esta obligación material, política y moral es inexcusable en el caso de un funcionario como Milani, designado nada menos que Teniente General del Ejército y responsable de la formación de los futuros cuadros dirigentes, cuya designación no sólo se mantiene y a la que él mismo no renuncia, cuando se trata de un cargo que debe estar absolutamente exento de toda sospecha de violación de los derechos humanos.
Mesa Directiva APDH
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2014