Ante un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán quiere destacar la obligación de los Estados en su respeto y promoción.
Abogamos por su respeto por parte de los Estados del mundo y nos hacemos solidarios con los individuos y grupos que sufren su alevosa violación.
Reafirmamos los lazos de hermandad y solidaridad con los pueblos de Mercosur y Unasur y rechazamos la injerencia de potencias ajenas en sus decisiones soberanas.
Exigimos absoluto respeto por nuestra constitución y las garantías que consagran ella y los pactos internacionales suscritos, las leyes, las instituciones democráticas y funcionarios consagrados por éstas, a la vez que promovemos la ampliación y creación de espacios de participación democrática.
Sostenemos la continuidad del camino profundizado a partir de 2003 con su consecuencia de leyes, estructuras y políticas destinadas a garantizar la concreción de las consignas de memoria, verdad y justicia ante los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar como así también la gran ampliación los derechos económicos, sociales y culturales imprescindibles para afianzar el acceso al trabajo, la salud, la educación y el acceso a la vivienda digna, verdaderas garantías para una real igualdad de oportunidades.
Propiciamos el cuidado del medio ambiente y el uso y la explotación racionales de nuestros recursos naturales.
Exigimos respeto por los derechos de pueblos originarios y campesinos, en especial por su hábitat amenazado y usurpado.
Por ello la APDH – Tucumán reclama:
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Profundización y aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad.
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Investigación de civiles responsables de violaciones a los derechos humanos.
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Cumplimiento efectivo de las condenas impuestas por la justicia y nulidad de cualquier iniciativa de indulto o amnistía, bajo cualquier forma y/o apariencia.
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Sostenimiento de las estructuras, presupuestos y políticas estatales destinadas a conocer la verdad, restituir los restos de los detenidos-desaparecidos a sus familiares y las identidades de las víctimas del plan de apropiación de niños de la dictadura cívico-militar.
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Continuidad de las políticas públicas de construcción de la memoria histórica.
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Respeto a la investidura de la procuradora general de la Nación y demás funcionarios con mandatos vigentes.
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Defensa irrestricta de la libertad de expresión y plena vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
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Cobertura de las vacantes de la corte suprema de justicia de la Nación.
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Capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad dentro del respeto por los derechos humanos.
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Reglamentación de la ley provincial contra la tortura y constitución de la comisión que ella crea.
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Adecuación de las instalaciones y los sistemas carcelarios a las condiciones de vida digna. Respeto por las garantías constitucionales de las personas en situación de encierro y Cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Implementación de programas de reinserción social y de estudio para las personas privadas de su libertad.
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Derogación de la inconstitucional ley de contravenciones y reemplazo por otra ajustada a los estándares de derechos humanos vigentes.
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Adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo y el respeto y aplicación de la ley de muerte digna.
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Derogación de la llamada Ley Antiterrorista, que abre una puerta a la represión estatal como respuesta a las protestas sociales que casi siempre expresan reclamos de justicia.
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Resoluciones judiciales conformes con los postulados constitucionales, los pactos internacionales de derechos humanos, con sensibilidad social y atención a la situación socio económica de las partes.
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Aplicación de las leyes que garantizan la propiedad de las tierras pertenecientes a pueblos originarios y a campesinos minifundistas.
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Políticas ambientales de preservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales. Combate al modelo extractivista encarnado por el monocultivo, el fracking hidrocarburífero y la megaminería.
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Ampliación y profundización de las políticas de inclusión y promoción sociales.
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Acceso general y gratuito de los habitantes al sistema sanitario y al derecho a la salud.
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Plena vigencia de la gratuidad en todos los niveles de la educación pública.
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Protagonismo estatal en el diseño y desarrollo de políticas económicas de producción y redistribución de ingresos y de combate a la especulación y el fraude fiscal.
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Independencia económica, rechazo de las injerencias externas, del endeudamiento usurario y del pago de deuda ilegítima.
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Políticas proactivas para combatir la informalidad laboral, el trabajo infantil y todas las formas de trata de personas.
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Solidaridad y apertura migratoria para las personas y grupos que alcanzan suelo argentino.
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Apoyo a los procesos democráticos del continente y condena de los golpes de Estado bajo cualquier forma en la que éstos se presenten.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán, 10 de diciembre de 2015.