La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Tucumán, expresa su profunda preocupación frente a la grave situación de violación a los derechos humanos a los que está siendo sometida una niña de 11 años de la localidad de Burruyacú en esta provincia. La niña cursa un embarazo producto de una violación intrafamiliar, y ha podido manifestar en crudas palabras su pedido de interrupción legal de embarazo: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”1.
Es repudiable que el Secretario Ejecutivo del SIPROSA, Dr. Gustavo Vigliocco, haya manifestado públicamente en los medios2 que la niña puede sostener el embarazo porque pesa 50 kilos, y que haya faltado a la verdad al decir que la niña quería continuar con la gestación.
Es repudiable y genera aún mayor preocupación que el poder judicial de la provincia representado en el accionar de la fiscal Adriana Gianonni, a cargo de la Fiscalía 8a de Homicidios, haya decidido iniciar actuaciones y solicitar la intervención de la Defensoría de Menores de la 3a nominación a cargo de la Dra. Romano, en favor del feto, y en detrimento de los derechos de la niña. Sin contar que al ventilarse el caso públicamente se ha violado la vida privada y el derecho de confidencialidad que tiene la niña ya sea como cualquier otro paciente o como víctima de un delito, según las reglas de Brasilia.
Es necesario recordar que en nuestro país desde 1921 el aborto es legal por tres causales: Por violación y cuando corre riesgo la salud o la vida de la gestante. En este caso se cumplen, según la misma nota publicada en el periódico Página 12, que la niña fue ingresada al Hospital del Este Eva Perón, el 31 de enero del corriente por autolesiones producto de la situación a la que es sometida; sin contar que, por la edad que tiene, el embarazo es considerado un evento obstétrico de alto riesgo.
La violaron, las autoridades médicas y judiciales, todos agentes estatales, contribuyen a mantenerla en un embarazo forzado, situación que ya fue definida como TORTURA por el Comité contra la Tortura (ONU) porque es: “un trato especialmente severo, intencional y que produce dolor y sufrimiento graves en la persona, cometida o tolerada por un agente del Estado”. Las niñas son titulares de derechos humanos y el Estado debe garantizárselos, tienen derecho a que se reconozca su capacidad progresiva, a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los casos en que se vean involucradas, a vivir una vida libre de violencias, a no ser torturadas, a gozar del nivel más alto de salud, al autogobierno.
Si los padres de la niña tuvieran una opinión diferente de la misma, la cuestión debe dirimirse siempre teniendo en cuenta su interés superior y priorizando su salud. Por ello, exigimos tanto a las autoridades del SIPROSA, como al personal directivo del Hospital del Este, a la Fiscal de la 8o Nominación y a la Defensora de la 3a Nominación de la provincia de Tucumán que cesen de torturar, violentar y revictimizar a la niña garantizándole el acceso a la interrupción legal del embarazo inmediatamente.
Niñas, no madres!
1https://www.pagina12.com.ar/176284-la-nina-llora?sfns=mo
https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/02/21/tucuman-funcionarios-es... interrupcion-embarazo-nena-violada/
2 Declaraciones al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9