La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se dirigió a la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Lic. Gabriel Sánchez Zinny, para solicitarle información acerca del estado edilicio de las escuelas a su cargo.
El pasado 2 de agosto fallecieron Sandra Calamano, directora a cargo de la Escuela Primaria 49 de la localidad de Moreno y Rubén Rodríguez, trabajador auxiliar de la misma institución. Esta situación irreparable que pudo ser evitada dadas las denuncias previas realizadas por una de las personas fallecidas, generó una demanda de revisión y atención a problemas edilicios de otras instituciones.
La educación es un derecho personal y social, garantizado por el Estado que la Provincia tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes. Del mismo modo, es responsabilidad estatal garantizar la disponibilidad de edificios escolares, en cantidad y calidad suficiente. Estos derechos están amparados por la Ley provincial, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que Argentina suscribe.
Debido a esto, solicitamos información a la Provincia de Buenos Aires sobre la cantidad, ubicación, nivel y modalidad de las instituciones escolares que han suspendido el normal dictado de sus clases y desde qué fecha; el detalle de la cantidad de población afectada en cada caso; las partidas presupuestarias asignadas para 2018 y forma en que se modificó la partida presupuestaria luego del 2/08/2018; la proyección de la partida presupuestaria necesaria para el año 2019; y el plan o proyecto diseñado para dar respuesta a las necesidades edilicias detectadas.
Desde la APDH expresamos nuestra solidaridad con las familias, docentes, auxiliares y asamblea de directores y directoras autoconvocada de la localidad de Moreno, que se encuentran realizando un legítimo reclamo para garantizar condiciones dignas para trabajar y resguardar la integridad de los y las niñas, jóvenes y personas adultas. Celebramos la participación social y comprometida y repudiamos las amenazas que están recibiendo por defender el derecho a la educación.
Exigimos que el Estado responda a su responsabilidad de garantizar una educación integral, inclusiva y permanente para todos y todas sus habitantes, tal como exige la Ley.
Gisela Cardozo