La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reconoce que la adopción de niños y niñas en Argentina tiene una larga historia de anomalías e irregularidades, muchas veces denunciadas tanto en sede civil como penal.
Después de fuertes debates en la reforma de la década del ‘90 y en normas posteriores hoy consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció un sistema riguroso de inscripción de postulantes en el Registro Unificado de Adoptantes (RUA), que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tiene organismos equivalentes en cada una de las provincias argentinas.
Cada persona postulante o pareja de postulantes, debe inscribirse y ser debidamente evaluada por un equipo interdisciplinario en el organismo sito en la localidad que es asiento de su vivienda y, una vez aprobado, pasa a integrar el Registro, por estricto orden de inscripción.
Los jueces civiles solicitan las carpetas de los postulantes priorizando obviamente las que sean cercanas al domicilio donde se tramita la guarda. Solo en casos excepcionales se recurre a postulantes de otras jurisdicciones y en muy contadas ocasiones y con debido fundamento los jueces pueden establecer otro procedimiento.
Sorprendieron por estas horas las extemporáneas manifestaciones del Gobernador de Jujuy, el contador Gerardo Morales, vinculadas a esta temática, anunciando la existencia de “una familia importante ofrecida a concretar la adopción” del embrión de 24 semanas de gestación producto de la violación de una niña de 12 años y que fue extraído de su cuerpo a través de una cesárea, con el consiguiente daño físico y psíquico para la niña.
Más cuando afirmó que quien había realizado la petición había sido la familia del fiscal Carlos Stornelli. Esos dichos, cuanto menos, dan cuenta de la intención de ciertas personas de querer transgredir la legislación vigente en esta delicada materia.
En esas expresiones se advierte una visión oligárquica y conservadora de considerar la adopción como la entrega de un premio o de un objeto, y a valorar la “importancia de la familia” de acuerdo a un código de valores propio de cierta clase social.
Los dichos del Gobernador Morales muestran su escaso apego a la ley y nos muestran su decisión de violentar formalidades irrefutables que las normas jurídicas imponen en un caso como este. A su vez, preocupa severamente que un fiscal de la Nación se anime a algo que es de suponer sabe que contraría preceptos vigentes.
La APDH cuestiona duramente expresiones de tamaña naturaleza de funcionarios públicos de alto rango que tomaron estado público por estas horas y que parecieran querer desentenderse del principio de legalidad al que están obligados.
Se valen, sin duda, de un doble estándar que puede definirse como Impunidad para los propios. Existen y han sido expuestos casos en esta materia en Jujuy, destacados por la prensa local y nacional, que advierten sobre un modus operandi que merece ser investigado por jueces independientes y honestos, que respeten y hagan respetar la ley y sostengan el interés superior de los niños y niñas, tal como lo manda la Constitución nacional y los Tratados y convenciones incorporadas a ella.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
7 de febrero de 2019