El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y todas las organizaciones que lo componen, hace público su más absoluto repudio a la presencia en territorio argentino de Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel, entidad abiertamente genocida y violadora del Derecho Internacional, responsable de crímenes de guerra, que ha cobrado la vida de miles de seres humanos, desplazado a millones y que mantiene secuestrados en terribles condiciones a más de seis mil palestinos en cárceles israelíes, sin ningún tipo de garantía legal, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Exigimos a nuestro gobierno interrumpir de manera inmediata todo tipo de relación con esta entidad ocupante dada la obligación de todo estado democrático de defender los Derechos Humanos y no mantener relaciones con un gobierno que practica la violación sistemática de los mismos, de aislarlo diplomática, económica y políticamente, a fin de que cesen sus prácticas segregacionistas, colonialistas, antidemocráticas y de apartheid.
Tanto durante la Nakba (la expulsión de palestinos de su tierra en 1948) como durante la Naksa (la ocupación de la totalidad restante del territorio en 1967), los israelíes han recurrido al terror (como en las masacres de Deir Yassin o Ein al Zaytoun) para que la población palestina abandonara sus tierras.
Hoy, casi 2.000.000 de palestinos viven en la Franja de Gaza, territorio de 262 km2 de superficie y una de las zonas más densamente pobladas de la tierra, constituida en la mayor cárcel a cielo abierta del mundo. El bloqueo al que es sometida, no permite en la práctica la circulación ni de personas ni de productos imprescindibles para la construcción, la salud, la alimentación, es decir, la vida misma. Gaza está hoy al borde de una gigantesca catástrofe humanitaria, ya que se encuentra sometida no sólo a las incursiones militares para llevarse prisioneros, sino a constantes ataques aéreos y bombardeos de distinta intensidad y magnitud La operación Margen Protector de 2014 dejó más de 2300 muertos, entre ellos 555 niños y niñas, más de 10.000 heridos, 475.000 desplazados y la masiva destrucción de infraestructura y viviendas.
En el territorio de Cisjordania, por otra parte, viven 2.600.000 palestinos, 900.000 de ellos en precarios campos de refugiados de casi 70 años de antigüedad en los que, violando los Acuerdos de Oslo, el ejército israelí penetra generalmente de noche para asesinar o secuestrar a palestinos al igual que hace en otras ciudades.
Toda Palestina está cruzada por un muro y un entramado de rutas cuyo uso está segregado para palestinos o israelíes. Los puntos de control militar (check points) impiden la libre circulación, allí los humillan, dividen a las familias y convierten en una odisea llegar al lugar de trabajo, cultivar los campos, concurrir a las escuelas y a los hospitales. Numerosas mujeres palestinas embarazadas han perdido a sus hijos esperando en estos puestos.
En la zona que está bajo total control israelí, se produce la destrucción de viviendas, la instalación de colonias y el robo sistemático del agua.
En Jerusalén Oriental viven unos 250.000 palestinos. En 1980 Israel se anexionó la ciudad. El Consejo de Seguridad de la ONU, declaró que dicho acto ilegal y unilateral «constituye una violación del derecho internacional» y «supone un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera». Sin embargo, esto no ha constituido un impedimento para que Israel continúe con el desarrollo de una Gran Jerusalén cada vez más judaizada. Los incidentes de este año 2017, se relacionan con esta política. Estos palestinos, que en muchos casos pertenecen a familias que han vivido por siglos en Jerusalén, tienen status de inmigrantes residentes temporarios, y son hostigados cotidianamente.
Por otra parte, los refugiados palestinos en Medio Oriente, más de cuatro millones, al igual que los emigrantes, tienen absoluta prohibición de regresar al territorio donde ellos o sus familias han nacido.
Quinientos mil israelíes son colonos en tierras palestinas de Jerusalén y Cisjordania. Las leyes internacionales y en particular la 4ª Convención de Ginebra, prohíben expresamente transferir población civil a territorios militarmente ocupados, de manera que todas las colonias son ilegales.
Los palestinos que permanecieron en 1948 en lo que hoy es el Estado de Israel, 1.600.000, es decir el 20% de la población de ese estado, poseen ciudadanía israelí, pero son allí considerados y tratados como ciudadanos de segunda clase y son numerosas las leyes que les otorgan menores derechos que a los ciudadanos israelíes judíos.
Cuando los palestinos ejercen su legítimo derecho a la resistencia ante la ocupación, o un soldado israelí sostiene que lo han hecho -cualquiera sea la forma- como un niño que tira una piedra, sufren ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias. En los últimos 10 años más de 5100 palestinos fueron asesinados por fuerzas de seguridad israelíes, y más de 25 por civiles israelíes.
Entre ellos, más de 1100 niños y más de 400 mujeres.
Desde 1967, más de 750.000 ciudadanos palestinos han sido detenidos. Entre ellos, 15.000 mujeres y decenas de miles de niños. Cerca del 40% de la población masculina ha pasado por las cárceles israelíes. Estas cárceles, salvo una, violando las leyes internacionales, se encuentran en territorio israelí, lo que complica seriamente las visitas familiares.
En general, las detenciones son sorpresivas y nocturnas, para evitar la reacción de los vecinos. No se informa, por tiempos que pueden ser prolongados, el destino del detenido. Las torturas son prácticas habituales, convalidadas por el Tribunal Supremo israelí. Los niños son interrogados sin la presencia de sus padres. La detención administrativa es una modalidad que vuelve aún más arbitraria la represión: el fiscal puede informar en secreto, sin conocimiento del acusado y de su defensor, todos o parte de los motivos de la detención sólo al juez, impidiendo de esta forma toda posibilidad de defensa. En principio, la prisión administrativa no puede prolongarse más de seis meses, pero puede renovarse indefinidamente. Hay prisioneros que han pasado ocho años en prisión bajo la excusa de detención administrativa.
En julio de este año había 6.128 palestinos prisioneros, 450 de ellos en prisión administrativa, 320 niños, 62 mujeres.
Junto con la opresión permanente sobre el pueblo palestino y la ocupación de su territorio, Israel agrede a otros países árabes de la región, participa soterradamente en el conflicto de la República Árabe Siria, país en el que donde mantiene ocupadas ilegalmente las alturas del Golán desde el año 1967 y que lucha denodadamente por expulsar a los grupos terroristas de su territorio, así como las Granjas de Shebaa en la vecina República del Líbano, también agredido por el flagelo del terrorismo. Toda esta política injerencista del Estado de Israel se ve agravada por el paraguas de impunidad que le otorga ser el principal aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, potencia que pretende hegemonizar la política internacional a través de sus constantes prácticas imperialistas.
Benjamín Netanyahu ha participado activamente, como militar y desde distintas funciones en el gobierno de Israel, en la ejecución de este genocidio, y en los últimos ocho años, en calidad de Primer Ministro, es el mayor responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
La invitación a Benjamín Netanyahu convierte al gobierno nacional en cómplice de un genocida y su presencia en suelo argentino es un insulto a una república que debe ser defensora de la legalidad internacional y de los atributos más preciados de la humanidad, como son el derecho de los pueblos a vivir en paz, sin ocupación ni agresiones colonialistas.
Pero las víctimas de Israel no son sólo los palestinos. Israel es un proveedor mundial de armas, elementos y capacitación para la represión. Fue proveedor de nuestra dictadura, y de gran parte de las dictaduras de América Latina. Garantiza siempre que lo que provee “ha sido probado”, sí, probado contra el pueblo palestino. Nuestro país ya está comprando estos productos, y la visita de Netanyahu viene a fortalecer los vínculos en este sentido. Los argentinos no queremos represión y no queremos armas israelíes para la represión!
Fuera Netanyahu de la Argentina!
Viva Palestina Libre!