Salud Mental: hecha la Ley....

Aceptan hábeas corpus para presos internados en un neuropsiquiátrico
La Capital, Sábado 9 de Julio de 2016

El caso de un preso que en mayo fue trasladado desde la cárcel de Piñero al Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Avila por una crisis nerviosa, y pasó allí todo un fin de semana esposado y sin alimentarse, se convirtió en el punto de partida para ordenar la situación de todas las personas privadas de la libertad e internadas allí por problemas de salud mental. El juez Juan Andrés Donnola hizo lugar a un hábeas corpus en favor del detenido que se amplió a "todas las personas internadas con custodia policial". En ese marco, dispuso un plazo de 120 días para realizar reformas edilicias, ordenó que los agentes penitenciarios respeten el protocolo de la institución de salud, que no les coloquen esposas a los pacientes presos y que se priorice el tratamiento ambulatorio cuando el criterio médico lo determine.

El recurso de hábeas corpus había sido presentado por el Servicio Provincial de la Defensa Penal a partir del caso de Leandro J., detenido desde 2013 y condenado por un intento de robo agravado. El 20 de mayo pasado fue derivado desde Piñero al centro de salud de Suipacha al 700 con una crisis de delirio y alucinación. Allí quedó en la guardia y luego internado debido que no mejoraba su patología.

La denuncia. Según planteó el mes pasado el defensor provincial Gabriel Ganón, en la primera audiencia por el caso, J. estuvo todo el fin de semana esposado, sin recibir alimentos ni poder bañarse y sin disponer más que de un balde para hacer sus necesidades fisiológicas. Y solicitó ampliar el planteo respecto de todos los presos alojados en el pabellón 3 del Agudo Avila, adonde se deriva a reclusos con problemas psiquiátricos. El juez Donnola aceptó ese pedido y "abrió el recurso a prueba", es decir, solicitó informes y testimonios de funcionarios antes de pronunciarse sobre el tema.

Así, el hábeas corpus funcionó como una suerte de mesa de diálogo entre distintos actores y derivó en la resolución que será notificada al Servicio Penitenciario provincial (SP), al Ministerio de Seguridad y a las autoridades del centro regional de salud. Además de ordenar reformas para mejorar la seguridad del pabellón 3, el juez dispuso cuestiones de protocolo que hacen al cuidado de los internos.

Es que durante el debate quedó en evidencia que en estos casos los médicos deben luchar con cierta "lógica policial" para brindar los tratamientos.

Trato difícil. Al respecto el director del hospital, el médico Luis Aguirre, planteó que a las personas allí se las trata como "pacientes" , pero muchas veces reciben un trato de "presos de penitenciaría: no se los lleva a orinar o a bañar o pueden llegar a dormir esposados", lo que constituye un trato inhumano por parte del personal que los custodia.

El directivo puntualizó que en el caso de J. uno de los guardias tuvo una violenta reacción verbal hacia profesionales del hospital cuando éstos le reprocharon que lo obligaran a orinar en un tarro, esposado, no lo dejaran bañarse o impedían que tomara la medicación. En suma, planteó que la presencia de unos diez agentes armados complica el tratamiento de los internos.

Tras escuchar ese testimonio el juez solicitó que el hospital informara por escrito el protocolo para el tratamiento de los pacientes privados de la libertad, quienes son derivados allí por orden judicial.

En representación del SP expuso la directora de Relaciones Institucionales del organismo, Lucía Manelli. Desde el organismo se informó que se había iniciado un sumario administrativo respecto de los guardias que custodiaban a J. y luego se dispuso una sanción.

Por último se requirió un informe sobre las características y condiciones del pabellón 3. El estudio fue realizado por un organismo técnico del SP y arrojó que en el sector no estaban garantizados los cánones básicos de seguridad. El informe incluyó propuestas de reformas que el SP se comprometió a asumir con presupuesto propio. Según lo discutido entre las partes, esos arreglos reducirían la cantidad de personal penitenciario necesario en el sector.

Saber o no saber. Finalmente Donnola hizo lugar al hábeas corpus correctivo y sostuvo que se constató una "falta de conocimiento de los encargados del SP" sobre cómo realizar la custodia en un espacio de salud. Por eso reclamó que se ponga en conocimiento de los agentes el protocolo interno del hospital ya que deben cumplir con su trabajo pero priorizando las reglas de la institución que deben estar por escrito "en un lugar visible de los pabellones". Es decir que los custodios sepan que los internos "no deben estar esposados", salvo una "estricta indicación médica que lo requiera pero por razones de salud, es decir, para no ser perjudicial para terceros o para sí".

Asimismo el juez otorgó un plazo de 120 días para realizar las obras, con informes mensuales sobre los avances. Y por último recomendó a las autoridades del centro regional que se reserve la internación para casos estrictamente necesarios y que de ser posible se priorice el tratamiento ambulatorio de los presos con afecciones psiquiátricas.

Comunicado de los trabajadores de ATE del Hospital Agudo Ávila por la situación en el nosocomio
ATE Rosario, Lunes 18 de Julio de 2016

 

ATE Salud Mental, hace público su posicionamiento de rechazo ante la posibilidad de la instalación de un pabellón penitenciario en el interior del CRSM Agudo Ávila, y presenta este documento a las autoridades de Salud y Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, solicitando audiencia urgente para el tratamiento de las delicadas cuestiones que aquí se esbozan.

Dicha posibilidad surge en el marco de la respuesta dada por la justicia ante un recurso de Habeas Corpus que presentara el ministerio público de la Defensa, a partir de una denuncia de la Dirección del Hospital.

En primer lugar rechazamos el trato indigno de cualquier ciudadano cualquiera sea su condición. Así como rechazamos la instalación efectiva del servicio penitenciario en el ámbito de efectores de salud entendiendo que la lógica de atención de salud es necesariamente otra a la del encierro, considerando esta posibilidad un grave retroceso para el ámbito de la salud integral.

Se hace necesario recordar que los fines de las instituciones de salud tienen como objetivo prioritario garantizar el derecho a la salud y dar tratamiento específico y cuidado a las personas, en dispositivos pertinentes. Así como velar por el uso clínico de la internación.

Defendemos la atención digna e integral de las situaciones complejas en salud mental de todos los ciudadanos que lo requieran.

Ante la situación anteriormente planteada los trabajadores de ATE nos declaramos en estado de alerta permanente y exigimos:

La concreción de políticas públicas con condiciones de trabajo y asistencia que respeten a usuarios y trabajadores.

• CONDICIONES DE TRABAJO QUE GARANTICEN CONDICIONES DE ASISTENCIA:

Formación de los trabajadores en servicio para el abordaje de las nuevas problemáticas; cobertura de cargos vacantes respetando funciones; reemplazo de licencias; políticas de cuidado de la salud de los trabajadores; entre otros.

• PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL Nº 26657:

Armado de dispositivos sustitutivos de atención en la red asistencial pública; revisión de las derivaciones de los monovalentes al privado; definición epidemiológica de plazas de internación en salud mental en la red pública; explicitación del plan de transformación de los monovalentes, atentos a las anteriores consideraciones, constitución del Órgano de Revisón provincial autónomo.

Protocolos de Salud como garantía de cuidado de usuarios y trabajadores:

Nos preocupa que no se vino respetando un protocolo formulado por anteriores direcciones que regula el ingreso del servicio penitenciario y policial, bajo dos condiciones que cuidan la lógica de salud: custodios de civil y sin portación de armas. Dos principios simples y contundentes que generan marco de atención en la institución de salud. Cabe aclarar que en otro momento esto fue respetado y se pudo acompañar el tratamiento de muchos usuarios en condición de detenidos. Así como subrayar que en varias oportunidades quedo pendiente la constitución de un protocolo más acabado (que respete normativas internacionales, nacionales y locales) a cargo del ámbito de Salud, que regule al servicio penitenciario, y cuide las condiciones de la atención clínica interdisciplinaria del padecimiento subjetivo, en cualquier contexto.

No solo los “Mono-valentes” sino pensar la Red.

A pesar de encontrarnos en un terreno de trasformaciones pendientes (previstas por la ley Nacional 26657 y anteriormente por la ley provincial 10772) estas transformaciones no son cualquiera, requieren una orientación, un plan que avance en la concreta implementación de las normativas.

Para esto no se puede pensar solo la transformación de los hospitales monovalentes sino hay que avanzar en las políticas públicas que incidan en trasformar el modelo de atención del campo de la salud mental en general. La salud de la población detenida es necesario, como todas, pensarla en contexto y en red.

Las transformaciones deberán contemplar: el tratamiento oportuno al padecimiento subjetivo de las personas, las condiciones de trabajo para que esta puedan ser garantidas y la lógica de atención en salud.

Equipos de salud Mental en Cárceles:

Ante las complejidades de estas situaciones queremos expresar que esta situación nos lleva directamente a revisar también, las condiciones de trabajo y asistencia con las que cuentan los trabajadores de Salud Mental en las Cárceles. Estos equipos, DIS (Dispositivos Interdisciplinarios de Salud), han venido reclamando condiciones de funcionamiento y coordinación. Ejercen sus prácticas en el complejo campo, que implica el campo de intersección de lo punitivo y de lo clínico. (Informe en el que participaron los trabajadores de cárceles presentado a la Dirección de salud mental, año 2015, continúa sin respuesta).

Estos equipos que fueron constituidos cuando se cerró el llamado “Corralito”,mediante un complejo proceso y en la apuesta de un abordaje digno e interdisciplinario a las personas detenidas con padecimiento subjetivo. Estos equipos se encuentran en una situación muy errática: con falta de recursos para constituirse interdisciplinariamente y lograr un abordaje de acuerdo a lo que ha sido planificado, en la difícil situación de trabajo en contextos de encierro, con personas en situación de detención.

Creemos que la complejidad y gravedad de la situación que hoy nos ocupa no es ajena a estas dificultades de articulación y condiciones de trabajo con las que encuentran los equipos a la hora asistir a la población detenida. Los equipos no solo de los Monovalentes son de los Equipos de los territorios, entre otros de los territorios carcelarios.

Estas situaciones son las que ponen una vez más de manifiesto la importancia de un Plan Provincial que articule lo existente, en una lógica respetuosa de los derechos humanos; avance en la ampliación de la red de dispositivos sustitutivos, sin la cual no puede contemplarse la internación, de acuerdo a la ley 26657, como última instancia de atención en situaciones con criterio de crisis subjetiva; y de origen a la demorada constitución de Órgano de Revisión provincial que cuente con los principios de autonomía y contralor de todo lo que aparezca como trato indigno.

ATE SALUD MENTAL
Rosario, julio 2016

Sin salida: tienen su alta médica, pero igual viven en neuropsiquiátricos
La Nación, Jueves 21 de julio de 2016

"Todos los días pasan igual: no hay nada para hacer. Me gustaría salir rápido, tener una casa y volver a trabajar", dice Hugo Pérez, que tiene 55 años y desde hace ocho vive en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred, en Open Door.

En 2008, a Hugo lo internaron después de sufrir una descompensación por haber dejado de tomar la medicación que necesita por su trastorno de salud mental. A los pocos meses, estaba en condiciones de ser dado de alta. Pero su esposa se negaba a recibirlo en la casa que compartían con sus tres hijas y no tenía a dónde ir.

Hugo es uno de los tantos rostros que se esconden en los neuropsiquiátricos del país. No existen cifras oficiales, pero serían cerca de 20.000. Muchos están allí desde hace décadas: son pacientes con trastornos severos que, tras sufrir un "brote", fueron internados y, superado el episodio, no lograron volver a la comunidad.

Los motivos son diversos -falta de recursos económicos, vivienda, trabajo y una red familiar de contención- pero tienen un denominador común: la escasez de dispositivos comunitarios de salud mental donde, una vez que son dados de alta, puedan continuar con su tratamiento según sus necesidades, insertos en la sociedad.
 

Lejos de cumplir

Pese a que la ley nacional de salud mental establece la necesidad de crear dispositivos alternativos y comunitarios -que para 2020 deberían sustituir a los neuropsiquiátricos (prohibiendo abrir otros nuevos)- e indica que las internaciones son un recurso de carácter restrictivo, que tienen que realizarse durante el menor tiempo posible; hoy la letra dista mucho de cumplirse.

Esta situación, llevó a Soledad Fernández Mele y Adelina Navarro Lahitte, dos defensoras públicas curadoras de la Defensoría General de la Nación a denunciar, a fines de 2014, a los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para que provean de estos dispositivos alternativos a Hugo y a otras tres mujeres, también en condiciones de volver a la vida en sociedad.

Aunque en 2015 la Justicia falló a su favor en primera y segunda instancia, la sentencia sigue lejos de efectivizarse. A la demanda, se sumaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Navarro Lahitte, explica que el resultado del recurso de amparo presentado tiene un alcance colectivo. "Cualquier persona con trastornos de su salud mental que no sea externada debido a la falta de dispositivos intermedios donde ser derivada, tiene esta sentencia a su favor", dice.

Al día de hoy, los ministerios continúan sin otorgar las vacantes para los cuatro amparistas, a pesar de que la Cámara de Apelaciones puso en diciembre pasado un plazo de 30 días. Hace una semana, el juez ratificó que deben otorgarse de forma inmediata, y que el Estado tiene que poner manos a la obra para dar respuesta a los casos similares.

"Si bien la ley de salud mental establecía que, en un plazo de 180 días a partir de su sanción, el Estado debía hacer un censo de las instituciones de internación públicas y privadas, y la Justicia volvió a ordenarlo durante el proceso legal que estamos llevando adelante, aún no se hizo. Es imposible diseñar políticas públicas y determinar cuántos dispositivos deben crearse si se desconoce esos números", afirma.

Sobre el incumplimiento en la realización de este censo, Andrew Blake, director nacional de Salud Mental y Adicciones, asegura: "Ni bien asumimos la nueva gestión, convocamos al lndec para hacerlo, ya que ni siquiera estaba presupuestado. Probablemente en marzo del año que viene tengamos el número de todas las personas institucionalizadas en servicios de salud mental del país".

Fernández Mele sostiene que los cuatro casos de los amparistas son representativos de la necesidad de muchas otras personas: "Algunas llevan 30 o más años internadas, por no tener la posibilidad de volver a su casa o vivir solos, y dada la ausencia de dispositivos comunitarios. Reclamamos que el Estado cree estos lugares donde puedan rehabilitarse, recuperando habilidades que perdieron en la internación [desde manejar plata, hasta salir a la calle], haciéndose foco en la reinserción social".

El año pasado, a Hugo le entregaron cajas con medicación y quedó en la calle. A los 15 días, se desestabilizó y volvió a ser internado. Hoy, compensado, la convivencia con el resto de los 80 hombres en el pabellón del Cabred, se le hace muy difícil. Anhela mudarse a una "casita", con el acompañamiento necesario para sostener su tratamiento: "Quiero trabajar y vivir dignamente", dice.

Las defensoras detallan que los recientes fallos judiciales en su favor, buscan dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley nacional de salud mental, que establecen que las internaciones sólo puede llevarse a cabo cuando aporten mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en los entornos familiares y sociales.

"Un neuropsiquiátrico no es un lugar para vivir. Es como una terapia intensiva de la salud mental: la persona debe permanecer allí el menor tiempo posible, hasta que se compense", asegura Navarro Lahitte.

Cuando las defensoras iniciaron la demanda en 2014, no existía ninguna norma que determinara qué características debían tener estos dispositivos comunitarios previstos en las legislación nacional y porteña.

"Recién en septiembre del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación estableció mediante una resolución (la 1484/15) los requisitos que tienen que tener", dice Fernández Mele.

Blake explica que como dicha resolución sólo se aplica en la CABA, se impulsó la creación de una comisión que debe elaborar una nueva a nivel nacional. La misma, detallará "las características que deben tener estos dispositivos en todas las jurisdicciones del país". Y agrega: "Participan técnicos con el acuerdo de las provincias: tienen 180 días, que corren desde los primeros días de julio, para elaborarla".

Para el funcionario, es necesario, además, incorporar al Plan Médico Obligatorio la figura de "vivienda asistida". "Así, su cobertura pasará a estar reconocida por las obras sociales, prepagas y la Cobertura Universal de Salud, que deberán financiarlas". Logrado eso, las jurisdicciones estarían en condiciones de crear dichos dispositivos y sostenerlos en el tiempo.

Algunos números y desafíos

20.000
Personas viven en neuropsiquiátricos del país
Es un número aproximado: aunque la ley de salud mental ordena realizar un censo, aún no hay cifras oficiales.

2.000
Son las internadas en territorio bonaerense
Unas 500 estarían en condiciones de alta en el mediano plazo.

Gustavo Lipovetzky
Presidente de Proyecto Suma
"Más allá de los dispositivos adecuados, que las personas con trastornos severos de su salud mental se inserten comunitariamente depende de la aceptación social. Hay que romper los estigmas"

Programas en la CABA
El Programa de Externación Asistida para la Inserción Socio Laboral (Preasis) del gobierno porteño otorga subsidios habitacionales a personas externadas de neuropsiquiátricos de la ciudad. "Pero sólo duran diez meses, luego tienen que tramitar un amparo, muchos no consiguen el patrocinio letrado y se quedan sin nada", dice Adelina Navarro Lahitte, defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación

 

La situación en la provincia de Buenos Aires

Hay cerca de 2.000 personas internadas en cuatro neuropsiquiátricos. "Estamos realizando un relevamiento de cuántas estarían en condiciones de ser externadas en el mediano plazo: serían unas 500", dice Patricia Segovia, subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones de la provincia.

Hace dos meses el gobierno provincial creó una mesa interministerial para trabajar en la plena aplicación de la ley nacional de salud mental.

Con respecto a la posibilidad de cumplir con el plazo establecido por ley para reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por dispositivos alternativos, dice: "Trabajamos en esa dirección. Tenemos que ir ampliando los dispositivos que existen para dar respuesta a la totalidad de la población. Los desafíos están en la implementación".

Vencer el estigma social: uno de los mayores desafíos

Proyecto Suma es una organización sin fines de lucro que nació en 2009, por iniciativa de un conjunto de profesionales (psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, músico-terapeutas y enfermeros, entre otros). Su misión es trabajar en la inclusión social plena de las personas con trastornos severos de salud mental, tendiendo puentes y derribando prejuicios y estigmas.

Gustavo Lipovetzky, presidente de Proyecto Suma, cuenta que a partir de los años 60 comenzó en Argentina y a nivel mundial un "movimiento de reforma psiquiátrica" con el objetivo de "desmanicomializar" a personas que están bajo tratamiento psiquiátrico en hospitales monovalentes (los llamados "loqueros"), para que empiecen a tratarse en, con y a partir de la comunidad. "Esto significa que deberían ser asistidos en centros comunitarios u hospitales polivalentes con servicios de psiquiatría, y que aquellos que no tengan dónde vivir tengan la posibilidad de ir a casas de convivencia o pensiones, y ser insertados social y laboralmente", dice el psiquiatra. "Está absolutamente comprobado que las personas tratadas de esta forma tienen menos reinternaciones psiquiátricas y, a mediano o largo plazo, consumen menos psicofármacos".

Sin embargo, sostiene que el trabajo que se está haciendo en este sentido "sigue dependiendo fuertemente del estigma social": "Más allá de que deben existir los tratamientos adecuados, la posibilidad de que la gente se inserte comunitariamente depende de la sociedad civil".

Martín Nemirovsky, coordinador de Suma, agrega que desde la organización se enfocan en un colectivo "muy abandonado": "Aquellas personas con trastornos severos de su salud mental y en situación de vulnerabilidad, para las cuales la sociedad no es receptiva, porque le resulta extraño, amenazante, tiene prejuicios, estigmas, etc.".

Gustavo Guardo, director de la organización, agrega: "Lo que buscamos es la recuperación de la autonomía y los derechos de estas personas, para que sea incluidas en la comunidad. Para eso, es necesario hacer un fuerte trabajo de concientización a nivel social: hay un largo camino por recorrer en este sentido".

Salud: pondrán freno a juicios
Ambito Financiero, Lunes 18 de Julio de 2016

El Gobierno impulsa en el Congreso un cepo a los juicios contra obras sociales y prepagas que prevé una sustancial reducción de costos en el sistema. A pedido de sindicalistas y empresarios envió un proyecto de ley para crear un organismo encargado de fijar límites en tratamientos médicos, tecnologías sanitarias y drogas de provisión obligatoria por parte de las prestadoras. En la actividad estiman que los amparos de afiliados que exigen coberturas no previstas representan por lo menos un costo adicional de 10% en el sistema. 

La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnología, contenida en una iniciativa que el Ejecutivo envió para su debate parlamentario, responde a un reclamo de años de gremialistas y ejecutivos de la medicina privada. Se trata de un ente ideado para analizar el "costo efectividad" de nuevas prestaciones, medicamentos o procedimientos de diagnóstico lanzados al mercado y cuya cobertura no está prevista por los efectores de salud, aunque corren el riesgo de afrontarla a partir de decisiones judiciales. 

La iniciativa, a cargo del Ministerio de Salud, busca ponerle un freno a la facultad de jueces de ordenar amparos a favor de pacientes que exigen para sus dolencias ser tratados con técnicas o drogas no incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). En general las controversias surgen por novedades tecnológicas o bien, por prestaciones que a pesar de existir en el mercado a precios más accesibles terminan por ser recetadas o exigidas en sus versiones más costosas. 

"La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías nos parece, desde el movimiento obrero, una iniciativa muy importante para controlar los costos en materia de atención médica y utilizar recursos con racionalidad", le dijo a este diario José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de una de las CGT. El dirigente destacó que "la Justicia, vía amparos" obligó a las prestadoras de los gremios a "cubrir por fuera del PMO tecnologías sin evidencia de su utilidad". 

En la misma línea opinó Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y portavoz habitual de las prepagas: "La Agencia existe en muchos países del mundo y es una necesidad imperiosa del sistema. Es fundamental no sólo para el presente sino para el futuro. Todos los días proliferan nuevas prácticas y no siempre está probado que den resultado. Se han producido disparates como jueces que aprueban tratamientos con drogas experimentales que en Estados Unidos todavía no fueron aprobadas", alegó. 

Para el empresario "la plata en el sistema de salud no alcanza y cada vez va a alcanzar menos" y "más de 10% del costo se lo llevan estos juicios", lo que a su criterio impone la creación de "un organismo independiente, gubernamental y con profesionales de máximo nivel" para fijar los límites. Incluso admitió que podría abaratar los costos de los planes que ofrecen las empresas a sus afiliados. También coincidió con la necesidad de crear la agencia Alejandro Collia, exministro de Salud bonaerense y en la actualidad secretario del área en La Matanza: "Es indispensable para evaluar la relación costo y beneficio de las nuevas tecnologías y optimizar los recursos", indicó.

Salud Mental: hecha la Ley....