Ante la nota de la Escuela Normal Superior Nº 9-003 dada a conocer el 15/10/2015 tendiente a “dar a conocer los hechos que sucedieron en la jornada del 25 de marzo de 2013 en virtud de las notas publicadas en los medios locales, provinciales y nacionales”, los organismos de derechos humanos de San Rafael expresamos:
1.- Entendemos que los asuntos que se ventilan afectan directamente al ejercicio efectivo del derecho a la educación. Por tal motivo, y más allá de cualquier interpretación, es preciso poner a la luz notables omisiones y falsedades que contiene la nota difundida.
2.- En primer lugar el comunicado de las autoridades de la Escuela Normal Superior omite mencionar que el conflicto se generó como consecuencia de la Resolución N° 16/12 del Consejo Directivo de dicho establecimiento, que aprobó los aranceles para la matriculación, permisos de examen y certificados de alumno regular para el año.
3.- Esta disposición de la Escuela Normal violentaba groseramente el ordenamiento jurídico que “asegura la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades” (Ley de Educación Nacional N° 26.206 Art 11, inciso h). En forma concordante se expresa la Ley Provincial de Educación N° 6970 cuando en su artículo 4° garantiza la gratuidad de la educación de gestión estatal.
4.- Al no informar estos datos de la realidad, las autoridades de la Escuela Normal de San Rafael impiden que se vea el contraste entre el arancelamiento ilegítimo dispuesto por ellos y las disposiciones legales nacionales y provinciales. Como consecuencia de estas omisiones, a los centenares de estudiantes que pretendían que se cumpla la ley en resguardo de sus derechos, se los acusa de promotores de desórdenes.
5.- Es preciso señalar otra falsedad del comunicado, respecto a que “se investiga el presunto delito de atentado contra la autoridad” por hechos acaecidos durante la asamblea estudiantil. La mera compulsa de causas en sede tribunalicia despejará definitivamente esta mentira.
6.- Es falso también que en la Escuela Normal no hubo actos represivos. La actitud del juez de faltas Oscar de Diego, convocado por la Rectoría de la Escuela Normal, no deja margen alguna de dudas. La famosa frase del juez Oscar De Diego “Desalojame el colegio y te lo libero” ofreciendo el canje de un estudiante detenido por un insulto, a cambio de suprimir la asamblea estudiantil que pedía la derogación de la resolución ilegal, es una muestra de la utilización del poder institucional estatal para fines contrarios a los principios que regulan la convivencia democrática.
7.- Con el desalojo de la asamblea estudiantil, se pretendió impedir el ejercicio de la participación democrática de los estudiantes (Ley 26.206, art. 11, inc. i), y ello colisiona con el objetivo educativo nacional referido a “Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos” (Ley 26.206, art. 11, inc. c).
8.- También nos resulta preocupante que una institución educativa deje deslizar una sospecha genérica sobre sus docentes, al afirmar sin dar nombres que a “los docentes que participaron de la protesta” hoy “se les está llevando un proceso administrativo”. La desafortunada mención en una nota que supuestamente pretende aclarar, termina oscureciendo y ejerciendo una forma de violencia institucional.
9.- Lo alarmante para el presente y el futuro es que el comunicado pretende naturalizar, como si fuera legal, que todos años se les informa a los alumnos “que deben colaborar con el pago de la cooperadora”. El examen de las normas citadas por las autoridades de la Escuela Normal para justificar su proceder ilegal (la Ley 26759 y la Resolución MCyE de Mendoza Nº 01699/1990) demuestra que las mismas son absolutamente estériles para justificar la práctica de arancelamiento. Por otra parte, las autoridades desconocen lo evidente: una Cooperadora es una asociación, y como tal, nadie puede ser obligado a participar de ella (DUDH, art. 20, inc 1).
10.- En el centenario de la prestigiosa institución educativa, exhortamos a sus autoridades a refundar su compromiso con la educación en el marco de las prácticas democráticas, los derechos humanos y la observancia de la ley.
San Rafael, Mendoza, 19 de octubre de 2015.
Regional San Rafael de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Nodo Abuelas de Plaza de Mayo.