El 4 de abril próximo, en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, se llevará a cabo una audiencia, previa a la realización del juicio, sobre hechos acaecidos el 11 de enero de 2017 en la Pu Lof Cushamen, un espacio recuperado por el pueblo mapuche. En dicha instancia judicial, la APDH advierte maniobras dilatorias que ponen en peligro la posibilidad de un juicio con claridad en el accionar de los responsables y la implicancias de esta acción. Así lo planteamos como APDH Argentina, ya que los patrocinantes de las víctimas son abogados de nuestra organización.
El 11 de enero de 2017 el Oficial Javier Solorza, hoy único procesado, sin mediar orden ni flagrancia, baja con doce escopeteros -todos uniformados de la Policía de Chubut- disparando hacia adentro de la Pu Lof, hiriendo de gravedad a tres familiares del Lonko Jones Huala y a Malvina Encinas. Emilio Jones Huala -primo- recibió disparos de una posta de goma en la cara, que se incrustó en su cuellos provocando fractura de mandíbula . Fausto Jones Huala los perdigones de poste le provocó la perdida de audición del oído izquierdo.
Ésta situación ha hecho que tanto las víctimas de este abuso desproporcionado y sistemático de violencia policial infundada, ilógica, ilegal y arbitraria, tuvieran la defensa- entre otras- de dos organizaciones de gran experiencia, prestigio y recorrido en denunciar y probar en violencia policial como APDH y la Gremial de Abogados de la Argentina, a las que hasta el momento impidieron se constituyeran como parte querellante, por no considerar sea un hecho que competa a los derechos Humanos.
Ya en las etapas finales, a poco de llegada al juicio, nos encontramos con maniobras dilatorias por parte del defensor de Solorza, al tiempo que la Fiscalía no quiere procesar al resto de los escopeteros, autores de innumerables balazos, y partícipes del hecho. Estos hechos nos plantean la real preocupación de la seriedad o efectivización de tal juicio, dados los innumerables antecedentes que sufrimos, la desidia judicial cuando del pueblo mapuche se trata y las innumerables trabas legales que sufren de parte de las fiscalías y jueces, que deberían defenderlos.