La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, recusó hoy a la jueza Liliana Catucci y el juez Eduardo Rafael Riggi integrantes de la Cámara de Casación Penal N°3.
La medida fue llevada adelante por las abogadas Natalia Araya y Julieta Blanco, y los abogados Sebastián Feudal y Juan Mandagaran tras considerar que “los integrantes de dicho Tribunal, al dictar resolución en el incidente de excarcelación de Lautaro González y Fausto Jones Huala, han manifestado expresamente su desvalorización de la comunidad Mapuche con expresiones teñidas de una clara parcialidad, y excediéndose en los límites de su competencia”.
El equipo jurídico, patrocinante de los padres de Rafael Nahuel, agregó que el tribunal en su fallo no cumplió con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ni con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad.
Desde la APDH alertaron que “se podría consumar la impunidad del asesinato en caso de que estos jueces tengan en sus manos la última decisión. No es casual que la Ministra Patricia Bullrich, en un programa de TV, haya dicho que confía que esta sala va a cambiar el fallo de la Cámara de General Roca”.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
1° de julio de 2019